Así lo indicaron el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Omella, y el secretario general de la CEE, César García Magán, en la rueda de prensa que convocaron en Madrid para hacer balance de la Asamblea Plenaria extraordinaria que los ocupó casi cinco horas la tarde de este lunes, según pudo saber Servimedia.

En el encuentro participaron 31 prelados de forma presencial y 57 por videoconferencia. Además asistió la dirección de la Conferencia de Religiosos (Confer) y representantes del bufete Cremades & Calvo Sotelo, a quien la CEE encargó una investigación sobre los abusos eclesiales en febrero de 2022.

El secretario general remarcó ante una repleta sala de prensa que si extrapolan los porcentajes del ‘informe Gabilondo’, presentado el pasado viernes en el Congreso, habría la “descabellada” situación de “abusadores en casi todas las familias” o se podría calcular que cada sacerdote o religioso habría abusado de varios menores.

“La inmensa mayoría de nuestros sacerdotes y religiosos están trabajando fielmente y abnegadamente” con “jornadas de trabajo heroicas”. “Es de justicia y de verdad hacer esa reivindicación”, añadió, pues “extender una sombra de oscuridad y de sospecha a todos los sacerdotes y a todos los consagrados es falso y es injusto”, dijo el obispo auxiliar de Toledo.

En la misma línea, Omella subrayó, como también hizo el Defensor en la presentación de su trabajo en la Cámara Baja: “No me metería más en las cifras, me importan más las víctimas”.

Precisamente, los obispos aplaudieron que el ‘informe Gabilondo’ ponga a las víctimas “en el centro” a partir de 487 casos detectados en la investigación remitida a las Cortes e insistieron en que su objetivo es la “reparación integral de las víctimas”. “Nos duelen esos abusos pero a la vez creemos que esa extrapolación no corresponde. Si siguiéramos las cuentas matemáticas estaríamos todos metidos en las cuentas de los abusos, ustedes y yo”, zanjó el cardenal.

PIEL DE GALLINA

Omella reconoció que en el trabajo de la Iglesia para abordar los abusos ha habido “un antes y un después” y que en los últimos años los casos han descendido “drástricamente”. “Hemos aprendido a estar cerca, a escuchar a las víctimas. Es horrilbe, se te pone la carne de gallina”, confesó, por lo que destacó la importancia de “empatizar”, “acompañar” y “dar esperanza”, también en el ámbito espiritual.

En línea con el comunicado que emitieron este lunes por la noche, los prelados explicaron que esa reparación también pasa por el ámbito económico, pero insistieron “reparación a todas las víctimas, sin excepción, en qué marco y ámbito se ha producido ese abuso” pues es “un problema social” que “va más allá de la Iglesia y afecta a instituciones públicas y privadas”. “Ha de haber una respuesta global y colectiva al problema”, alegaron los obispos.

Su presidente también reconoció que “de la historia siempre aprendemos, pero lo que pasa es que aprendemos tarde”, aunque este lunes aplazaron la decisión de si prologar el plazo al bufete Cremades para que entregue su informe. Lo decidirán en la próxima Plenaria, a partir del 20 de noviembre, donde también se conocerá el itinerario de aplicación de las recomendaciones del Defensor que este lunes sí encargaron al Servicio de Protección de Menores del Episcopado.

El secretario general aseguró que los prelados están “absolutamente de acuerdo” con los mecanismos de reparación económica que el ‘informe Gabilondo’ pide para las víctimas de abusos eclesiales, con la creación de un fondo de compensación, pero “para todas las víctimas”. “Hay un 90% que no tendrían derecho, no parece que se mantenga ese principio de igualdad jurídica. Ya estamos trabajando para víctimas e la iglesia, pero si se acuerda hacer para todos estaremos dispuestos a participar”, zanjó García Magán.

En la Plenaria extraordinaria también se les comunicó a los participantes que a finales de mes el papa Francisco los recibirá en Roma para trasladarles las conclusiones del informe que ha realizado el Dicasterio del Clero vaticano tras la visita de dos obispos enviados por el pontífice para ‘auditar’ los seminarios españoles a principios de año.