Esas actividades fueron organizadas bajo la cobertura de la Federación Gallística Canaria y asociaciones vinculadas, a pesar de tratarse de una actividad prohibida por la legislación estatal desde 2007, según el Pacma.

La denuncia se apoya en documentación jurídica y probatoria que acredita la celebración de campeonatos, liguillas y torneos gallísticos en Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura.

Entre los hechos denunciados se incluye la celebración del III Torneo Gallístico ‘La Tradición’, celebrado los días 5 y 6 de abril de 2025 en el Complejo Deportivo Vicente López Socas, una instalación municipal dependiente del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.

El Pacma denuncia que durante este evento se disputaron decenas de peleas de gallos a lo largo de más de seis horas, con “animales obligados a agredirse hasta quedar inconscientes, gravemente heridos o muertos”.

SIN COBERTURA LEGAL

Según la documentación aportada, los gallos eran forzados a reincorporarse cuando caían desplomados, se les arrancaban plumas, mutilaba la cresta y colocaban espuelas como armas, sin que existieran atención veterinaria ni medidas de protección o higiene.

La formación animalista recalca que estas prácticas no pueden ampararse en un supuesto carácter deportivo, ya que no cumplen con la definición legal de actividad deportiva ni están registradas como tal. Además, la Federación Gallística Canaria carece de cobertura legal para organizar competiciones.

El Pacma recuerda que la Ley 32/2007, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, prohíbe sin excepciones en su artículo 14 la utilización de animales en peleas en todo el territorio nacional, lo que deja sin efecto cualquier permisividad previa recogida en la normativa canaria.

A ello se suma el reconocimiento legal de los animales como seres sintientes, tanto en el Estatuto de Autonomía de Canarias como en el Código Civil, lo que “hace incompatible la continuidad de este tipo de espectáculos con el marco jurídico vigente”, según el Pacma.