Así lo manifestó el presidente de Aspel, Juan Díez de los Ríos, y miembro de la CEOE, después de la reunión fallida en el Ministerio de Trabajo y tras la publicación del informe de la Comisión Asesora que recogió cuatro propuestas de estimaciones diferentes del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2023, que aconsejó una subida de entre el 4,6% y el 8,2% con valores propuestos para los diferentes escenarios que se sitúan en 1.046, 1.054, 1.066 y 1.082 euros mensuales, respectivamente, en catorce pagas.

En este sentido, Díez de los Ríos insistió en que “el Gobierno debe ser sensible y más al ver que estamos de acuerdo y que hemos firmado un comunicado en el que pedimos desde hace meses que es necesario que se reforme la Ley de Desindexación, que prohibió revisar los precios de los contratos públicos de servicios en la mayoría de los casos, para poder garantizar la prestación de servicios que cumplan con los estándares de calidad adecuados durante toda la vigencia de los contratos y que no se desequilibren los contratos en ejecución por sueldos, cotizaciones o SMI”.

Además, desde la patronal reclamaron la falta de flexibilidad de la Administración ante la actualización del precio de las contratas por el encarecimiento de los costes laborales. Al mismo tiempo, denunciaron que firmar contratos con prórrogas obligadas y sin revisar para los próximos cinco años para las empresas es algo “inasumible”.

Asimismo, Díez de los Ríos añadió que “la propuesta del Gobierno continúa olvidándose de los sectores de servicios esenciales como la limpieza que llevamos años encajando sucesivas subidas del SMI, soportando sobrecostes de todo tipo, por ello se deberían eliminar las prórrogas obligatorias de los contratos públicos de limpieza y volver al acuerdo entre partes de nuevo en la Ley de Contratos del Sector Público”.