En declaraciones a Servimedia, Martín Garrido dijo estar segura de que a los miembros de los GAL no se les va a aplicar la reforma en marcha, que conempla penas de 40 años de cárcel y limitación de beneficios penitenciarios para los condenados por terrorismo y otros delitos graves.

A este respecto, la viuda de García Goena afirmó que, cuando escuchó la noticia de que el Ejecutivo iba a afrontar estos cambios, pensó que le gustaría hablar con el presidente del Gobierno, José María Aznar, para "preguntarle si se le va a aplicar también a (Enrique Rodríguez) Galindo y a los implicados de los GAL".

En este sentido, demandó que en este endurecimieto del cumplimiento de las penas "no haya dos varas de medir", de manera que la nueva regulación no afecte sólo a los miembros de ETA, sino a todos los grupos que han llevado a cabo acciones violentas. "Que la ley se cumpla para todos igual", recalcó.

Al mismo tiempo, Martín Garrido se refirió el mayor papel que para reinsertarse se dará en la nueva legislación al arrepentimiento y a la petición de perdón a las víctimas, y aseguró que esto es "muy difícil de demostrar".

"¿Cómo me desmuestra a mí l que mató a mi marido que está arrepentido?", afirmó, aunque añadió que ella personalmente "sí que daría una opción de reinserción" a esta persona.

García Goena, considerado como la última víctima de los GAL, murió el 24 de julio de 1987 al estallar el artefacto explosivo que había sido colocado en los bajos de su vehículo en Hendaya (Francia), donde se había instalado después de abandonar España para no realizar el servicio militar.

Los ex policías José Amedo y Michel Domínguez ya fueron juzgads y absueltos de este asesinato, en una sentencia confirmada en 1992 por el Tribunal Supremo. Posteriormente, en septiembre de 2001, el juez Baltasar Garzón archivó una nueva investigación, ante la imposibilidad de hacer una "imputación concreta y definitiva" contra persona alguna.