Esta reclamación, solicitada por la propia entidad, se recogió en el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprobaron medidas para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, convalidado por el Pleno del Congreso de los Diputados.

El uso de prótesis durante los procesos selectivos de la Administración del Estado “por quienes las precisen y lo acrediten” se reconoce en el mencionado decreto-ley. A pesar de este reconocimiento, Fiapas, pidió que no se someta este derecho a la presentación de un informe médico que acredite el uso de este elemento protésico.

Asimismo, desde la organización indicaron que personas con sordera “necesitan prótesis como audífonos y/o implantes auditivos por prescripción facultativa y son usuarias de estas con independencia del grado de discapacidad”.