La entidad defendió “un modelo centrado en cada persona, que garantice una atención integral, continuada y estable a lo largo de su vida”. En este sentido, Plena Inclusión Madrid pidió que el texto de la futura ley contemple “la libre elección y el derecho al arraigo, lo que resulta fundamental para evitar retrocesos y el consiguiente incremento de las necesidades de atención”.

El anteproyecto de Ley de Calidad y Libre Elección de los Servicios Sociales “busca modernizar y optimizar la prestación de servicios esenciales, situando a la ciudadanía en el centro y garantizando una atención excelente”, según informó la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid (CAM).

La Administración madrileña precisó que el anteproyecto se redactó con la voluntad de “dejar en manos de los ciudadanos la elección libre de sus fines vitales y de los medios para alcanzarlos”. “La nueva norma tendrá entre sus objetivos promover la calidad de los servicios públicos, asegurando que las prestaciones mejoren de forma continua en su diseño y ejecución, y que se lleve a cabo su evaluación sistemática para conocer su impacto real”, añadió la Consejería.

Por su parte, Plena Inclusión Madrid solicitó que no se penalice a las personas que rechacen “una opción de servicio que implique renunciar a sus derechos al arraigo o a la continuidad de los apoyos que reciben, para que no pierdan la estabilidad que supone seguir en el mismo entorno con los mismos profesionales”.

Reclamó además que la futura ley incluya ”sistemas de contratación alternativos que sustituyan a la gestión indirecta actual y cuyas condiciones suponen un riesgo para la atención a las personas, debido a la falta de proyectos estables en este modelo de gestión, y por el claro desequilibrio en la aportación de las Administraciones”.

En relación al concierto social, la organización subrayó que “debe servir como fórmula para reforzar la colaboración con las entidades sociales, asegurar una financiación suficiente que cubra los costes reales y permitir una atención flexible, adaptada a las necesidades cambiantes de la persona”. “El modelo debe contar con la financiación adecuada para cubrir los costes reales; revisión anual de precios; continuidad del servicio en el entorno de la personas y ratios orientadas a la presentación de una atención de calidad.

ASISTENTES PERSONALES DE LIBRE ELECCIÓN

Respecto al proyecto de orden para regular las subvenciones destinadas al mantenimiento de las Oficinas de Vida Independiente (OVIs), Plena Inclusión Madrid realizó, según afirma en un comunicado, “aportaciones clave tras la experiencia acumulada como entidad impulsora del primer proyecto piloto en la región”. Entre sus propuestas, insistió en que los apoyos en entornos comunitarios "se presten mediante asistentes personales, que cuenten con la formación adecuada y, sobre todo, que sean elegidos por la propia persona con discapacidad”.

Plena Inclusión Madrid es "la Federación de Organizaciones en favor de Personas con Discapacidad Intelectual formada por una red de 122 entidades organizadas, que gestionan más de 360 centros y servicios que ponen a disposición de las personas con discapacidad intelectual más de 29.000 plazas y servicios de las cuales alrededor de 10.000 son contratadas con la Comunidad de Madrid, informó Plena Inclusión, entidad que añadió que en estas entidades "trabajan alrededor de 5.000 profesionales y colaboran 2.700 voluntarios".