“Nos parecerá bien la decisión que tomen los presidentes de comunidades autónomas en respuesta a esta ignominia”, afirmó el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, en rueda de prensa al ser preguntado expresamente por ello. “No descarte ninguna posibilidad, pero van a intentar, como es natural, que el Reglamento se cumpla”, apuntaló.

El conflicto entre el Gobierno y el PP reside en el artículo 5.2 del Reglamento de la Conferencia de Presidentes. Según la norma, las comunidades pueden introducir asuntos en el orden del día si así lo exige la mayoría. Y las del PP, que son 13 de las 19, consensuaron hace unas semanas los temas a incluir en la agenda. Sin embargo, en la reunión preparatoria, el Gobierno informó de que solo aceptaría unas cuantas, desatando un choque sin precedentes que concluyó, por primera vez, sin un orden del día pactado. En este contexto, la Comunidad de Madrid dejó en el aire la presencia de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, si no hay rectificación.

Este lunes, los consejeros autonómicos de Presidencia del PP ahondarán en su frente común y, según confirmaron fuentes territoriales a Servimedia, pedirán de nuevo al Gobierno la inclusión de sus propuestas, al tiempo que amenazarán con recurrir a los tribunales si el Ejecutivo vuelve a negarse a incluir los asuntos que propongan en el orden del día.

El siguiente paso será decidir si viajan o no a Barcelona. Ayuso ya rechazó verse con Sánchez en la Moncloa por las “gravísimas acusaciones” e “insultos” que denunció haber recibido durante los últimos días por parte del Gobierno, así como por sus pactos con formaciones independentistas. Entonces, Sémper dijo que él hubiera ido a esa reunión. Y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que “un presidente de una comunidad no elige al presidente del Gobierno que le toca”.

No todos los presidentes autonómicos abrazan esa respuesta. La presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, defendió el viernes pasado que, por mucho que no les “guste” el orden del día impuesto por el Gobierno o que la cumbre vaya a ser “inútil”, los presidentes autonómicos deben “cumplir con normalidad” con sus “obligaciones institucionales”. Es decir, que deberían ir a Barcelona.

Sémper, sin embargo, espera que “el sentido común impere” y el Gobierno “cumpla con la norma” antes de llegar al conflicto total. Así, instó al Ejecutivo a que no vuelva a “pasarse por el arco del triunfo” el Reglamento y reconsidere su decisión, y defendió el “esfuerzo institucional de primer nivel” que sus comunidades están haciendo para que “las cosas vayan por los cauces razonables”.