EL PP DICE QUE EL PSOE QUIERE INTRODUCIR EL CONTRATO VERBAL EN LA LEY DE CONTRATOS DE LA ADMINISTRACION

MADRID
SERVIMEDIA

El Partido Socialista ha introducido nuevas vías de arbitrariedad en el proyecto de Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, como el contrato verbal y el procedimiento concertado sin la intervención de los técnicos del Estado, en el que se establece que la norma general es la no publicidad.

Unas medidas que, a juicio del iputado popular José Manuel Otero Novas, propician todavía más la corrupción que ha surgido del empleo masivo por los socialistas del concurso en lugar de la subasta.

Otero Novas, que participa en la ponencia encargada de informar este proyecto de Ley de Contratos en la Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas, explicó a Servimedia que "ahora, con esta Ley, se permite realizar contratos verbales no solamente en los contratos de emergencia, con lo cual las autoridades pueden concertar por tléfono los contratos o pueden fingir que han celebrado verbalmente un contrato 'a posteriori', lo cual es una vía más a la posible arbitrariedad".

El PSOE ha introducido también "el llamado procedimiento concertado, en el cual se puede negociar el precio con el contratista amigo, sin intervención de los técnicos de la Administración, y también se establece que la norma general es la no publicidad", según el diputado del PP.

"En el contrato de obras concertado se prevén tres supuestos con publicidd y ocho sin publicidad; en el contrato de suministros concertado se prevé un supuesto de publicidad contra 11 sin publicidad", aseguró.

El contrato concertado equivale al de la antigua adjudicación directa, "lo que ocurre es que se amplian los casos, se permite negociar el precio", precisó Otero Novas.

"El PSOE, en las Leyes de Presupuestos de 1983 y 1990, en un decreto legislativo de mayo de 1986 y ahora, en este proyecto de Ley de Contratos, se ha ido dedicando a suprimir las garantías de objeividad de la contratación administrativa", aseguró el parlamentario del PP; "a permitir que las autoridades otorguen los contratos según les parezcan mejor y, por consiguiente, a suprimir los controles que había".

SIN MALA FE

"Nosotros", añadió, "no decimos que esta supresión de garantías haya sido de mala fe, con deseo de practicar la corrupción, no, pero con eso se potencia la corrupción y esa es la causa por la cual en este momento estalla estrepitosamente la corrupción en este país".

"La suasta ya no se practica" en los contratos de la Administración, no llega ni al cinco por cien de las contrataciones, aseguró Otero Novas.

El diputado del PP expuso que, "en el concurso, una autoridad que no sea retrasada mental puede darle siempre el contrato a quien quiera, porque le basta con decir que aquellas condiciones o características que tiene su contratista amigo son las más adecuadas para la obra pública".

"Entonces, como eso implica un juicio discreccional", añadió, "ese juicio discrecional luego está prohibido a los tribunales entrar en él, con lo cual se puede dar a quien quiera".

El PP no trata de suprimir ninguna de las posibilidades de flexibilidad en la actuación administrativa, aseguró Otero Novas, pero sí defiende dos cosas: la primera que cuando la Administración acuda al concurso en lugar de la subasta las razones por las que toma esa decisión queden reflejadas en el expediente y los tribunales puedan supervisarlas, "porque hoy día no pueden".

Y la segunda, "que en ls bases del concurso se establezcan los criterios baremados y justificados". "Un conjunto de garantías", concluyó Otero Novas, "que nunca son garantías al 100 por cien, pero que peinan por lo menos el 90 por cien de las posibilidades de corrupción".

(SERVIMEDIA)
16 Feb 1993
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