En concreto, la iniciativa pide eliminar la disposición adicional cuarta de la ley (que a su vez reformaba la LOE), que estableció un plazo de 10 años para que dichos colegios se conviertan en centros de recursos dirigidos a apoyar a los centros ordinarios en la escolarización de alumnos con necesidades especiales por razón de discapacidad y, en general, se limiten a “aquellas situaciones muy excepcionales, que precisan una atención muy especializada”.

Su toma en consideración se debatirá mañana en el Pleno de la Cámara Baja. Según el PP, tal disposición discrimina a los alumnos con necesidades que asisten a centros de educación especial, pues “da absoluta prioridad” a que la escolarización de estudiantes con necesidades educativas especiales se lleve a cabo en centros ordinarios .

“Margina a los centros de educación especial y los condena a un cierre efectivo”, denuncia en su exposición de motivos. Subraya que “la simple incorporación de los alumnos que presentan necesidades educativas especiales a los centros educativos ordinarios no puede considerarse inclusión”, pues esta “requiere de la realización en los centros de los ajustes necesarios que garanticen a esos alumnos un entorno en el que se asegure que la relación con los demás será positiva y contribuya a la integración de aquellos en la sociedad, en la medida de lo posible”.

Asimismo, argumenta que “la escolarización de alumnos en centros de educación especial no puede determinarse como irrazonable o discriminatoria” y asegura que “es coherente con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como lo reconocen también las sentencias de varios tribunales”.

En opinión del PP, la Lomloe restringe el derecho de las familias a participar en la determinación de la modalidad de escolarización que prefieren para sus hijos.

Por ello, la proposición de ley insta también a modificar la parte de la Lomloe referida al artículo 74 de la LOE, para que Los alumnos con necesidades educativas especiales sean escolarizados “en función de sus necesidades, innovando, flexibilizando y diversificando la organización de los espacios, las alternativas metodológicas y las modalidades de escolarización en centros ordinarios, en centros de educación especial, en escolarización combinada o en aulas específicas, a fin de personalizar y mejorar la atención educativa a las necesidades de cada alumno”.

El PP sostiene que la nueva redacción hará que “las administraciones educativas garantizarán el derecho de los padres o tutores a la elección del modelo educativo y del centro docente para estos alumnos", y en el proceso de identificación y valoración de sus necesidades educativas “serán preceptivamente oídos e informados los padres, madres o tutores legales del alumnado”. Según el PP, la nueva redacción permitiría la permanencia de estos estudiantes en los centros de educación especial hasta los 21 años.