Según informaron hoy en rueda de prensa los portavoces de Economía del PP y su grupo parlamentario, del ahorro previsto en sus enmiendas, 200.000 millones procedería de la reducción del tamaño de la Administración central, otros 450.000 millones de la reducción de deuda mediante privatización de empresas úblicas y 30.000 millones por el recorte de gastos en algunos ministerios.

El diputado popular Ramón Aguirre señaló que las enmiendas de su partido permiten reducir el déficit estatal, y no aumentarlo, como recogen los presupuestos del Gobierno, con unos ingresos no financieros de 13,4 billones de pesetas y unos gastos de 14,8 billones.

Las medidas sugeridas por el PP para su introducción en los presupuestos del año que viene suponen entre otros aspectos, un aumento salarial para los empleados púlicos del 4 por cien y una reducción del 50 por cien en los gastos de informes, asistencias técnicas, subvenciones que no tienen caracter asistencial, publicidad institucional y protocolo.

También recogen la prohibición a altos cargos y funcionarios públicos de cobrar comisiones por su asistencia a reuniones de los consejos de administración de empresas con capital estatal, la reducción de este tipo de puestos a un total de 1.975 y se pide la congelación de la oferta de empleo público para el año que iene.

Respecto a las privatizaciones el diputado del PP, Ramón Aguirre, señaló que la venta de activos públicos no significará la retirada total del Estado de algunas empresas, sino la ampliación de su actual base accionarial, con el fin de obtener recursos financieros que permitan aminorar la deuda pública en circulación.

CONTROL PARLAMENTARIO

El Grupo Popular defernderá también la introducción en los presupuestos de mejores mecanismos de control sobre su ejecución, con el fín de evitar desviaiones del gasto público a través de sistemas que no exigen su ratificación por el Parlamento.

La idea del PP, según sus parlamentarios, es crear una Oficina Presupuestaria con capacidad para realizar un control trimestral de la ejecución del gasto público, a través de las diferentes comisiones del Congreso y del Senado.

Asimismo, el Partido Popular pedirá a los demás grupos políticos que prohíban la autorización, por parte del Gobierno, de créditos ampliables, por entender que este sistema públic de financiación del Estado "escapa a la supervisión del Parlamento y supone la principal fuente de desviación del gasto público".

Para justificar esta iniciativa popular, los representantes del partido señalaron que el Parlamento ha autorizado en 1992 créditos presupuestarios por valor de 15,4 billones de pesetas, mientras que las liquidaciones de esta financiación extraordinaria del Estado ascienden a 18,5 billones.

Según el PP, de esa desviación de 3,1 billones de pesetas en los gastos estatals, 2,1 billones se aprobó mediante créditos ampliables, que no necesitan de la ratificación de las cámaras para su aporbación.