"Cuestión distinta", añadió, "es la presión psicológica que supone para el magistrado tomar decisiones que tienen alguna repercusión política, aunque, en mi experiencia personal, presiones políticas, ninguna".

A su juicio, "la presión de los medios de comunicación en quien toma decisiones políticas es hoy evidente, pero "la ventaja del jurista, como es nuestro caso, es que las decisiones las tenemos que explicar desde el punto de vista jurídico, lo cual enfra bastante las cosas".

Respecto a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la libertad de información, indicó que "La Constitución reconoce el derecho a la información veraz y, por tanto, la primera regla para que esté protegida la libertad de información es que lo que se diga sea cierto realmente o que el periodista haya hecho lo posible por creer que, de las fuentes de que ha extraíodo, son fiables y se puede decir que ha buscado diligentemente la verdad".

En su opinión, "el primer límite,el que debíamos proteger todos, es la veracidad. No siempre las informaciones que se están dando son veraces, porque no siempre, además, están debidamente examinadas o solventadas".