En un encuentro informativo organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), Piñar afirmó que la Agencia de Protección de Datos está "ya investigando si puede haber habido delito o no".

A renglón seguido, explicó que "lo habría si no hubiese consentimiento previo del afectado", en este caso el paciente, o "habilitación legal" para usar los expedientes, que no la hay.

Los expedientes médicos pueden ser utilizados para temas "sanitarios", pero, en todo caso, sin desvelar la identidad del paciente, es decir, con datos disociados.

"Sin consentimiento, disociación o habilitación sería un uso ilegal", afirmó Piñar, quien matizó, no obstante, que la investigación de la Agencia estatal de Protección de Datos se está centrando en los casos de los hospitales privados y de la empresa encargada de la investigación sobre la lengua que se usaba.

Los casos de los hospitales públicos, según la legislación, corresponden a la Agencia catalana de Protección de Datos, explicó Piñar.