EL PSOE GALLEGO DENUNCIA LA EXISTENCIA DE UNA "ADMINISTRACION PARALELA" FUERA DEL CONTROL DEL PARLAMENTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA
SERVIMEDIA

El grupo parlamentario del PSOE gallego cree que cada vez es más difícil ejercer un control adecado sobre las acciones del Gobierno que preside Manuel Fraga, sobre todo por la proliferación de fundaciones y organismos que se rigen por normas de derecho privado y que constituyen lo que los socialistas denominan "administración paralela".

Para defender mayores facilidades de acceso a los expedientes administrativos de la Xunta y sus organismos autónomos, el PSdeG-PSOE promoverá la reforma del Reglamento de la Cámara autonómica, según una proposición de ley presentada hoy en rueda de prensa por el iputado socialista Antonio Gato.

Según este portavoz socialista, con esta reforma se adaptaría el reglamento del Parlamento gallego a la ley 30/92 del régimen jurídico de las administraciones públicas y de procedimiento administrativo común.

Antonio Gato dijo que su grupo desea lograr un consenso con los otros grupos de la Cámara gallega para que esta reforma sea consensuada.

Advirtió, sin embargo, que en el caso de rechazo a la proposición de ley los parlamentarios socialistas ordenarán el evantamiento de actas notariales de las negativas de la administración autonómica a facilitar acceso de los parlamentarios a expedientes.

Según Antonio Gato, el Tribunal Constitucional ya sentenció en favor del acceso libre a los expedientes administrativos en el año 89, a raíz de un recurso de amparo llevado por diputados del PP en el Parlamento catalán, que defendieron su derecho a acudir a consultar expedientes acompañadores de asesores.

Gato Soengas afirmó que "desconfiamos mucho de la adminitración pública de Fraga, no de los funcionarios pero si de las decisiones administrativas". También resaltó que actualmente hay en Galicia una verdadera administración paralela con métodos de gestión privados que es muy muy difícil de controlar por la oposición.

La proposición de ley del PSdeG-PSOE defiende el derecho de los diputados a consultar todo tipo de expedientes administrativos y a obtener copias compulsadas de los mismos.

(SERVIMEDIA)
29 Nov 1994
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