La proposición no de ley, registrada en el Congreso el 22 de julio, plantea al Pleno debatir sobre el desarrollo de un procedimiento de urgencia en el reconocimiento de la situación de dependencia para casos en los que se den factores económicos, de accesibilidad, habitacionales, de condiciones de salud, aislamiento social o violencia de género que sitúen a la persona en una situación de especial vulnerabilidad.

Además, el texto registrado contempla la puesta en marcha de un procedimiento de revisión del Programa Individual de Atención con mejoras que permitan que las prestaciones sean modificadas para que los apoyos se ajusten de forma dinámica y eficiente a la evolución y necesidades de las personas afectadas.

La iniciativa incide en la necesidad de establecer “mecanismos de seguimiento continuo y apoyo” para que los recursos asignados cuenten con los afectados y se ajusten a su situación, además, recomienda dar “un enfoque centrado en las personas”.

COLABORACIÓN

Finalmente, se apuesta por promover la colaboración entre las administraciones públicas para asegurar que “los procedimientos administrativos sean sencillos, transparentes y accesibles", aunque no plantea un presupuesto para poder desarrollar esas medidas.

En el texto de la PNL, los socialistas argumentan que estas medidas, "que responden a la necesidad de adaptar el sistema a las realidades sociales actuales, son fundamentales para asegurar que las personas en situación de dependencia queden protegidas en momentos críticos".

Además, según el Grupo Socialista, resultan "coherentes" con la modificación del artículo 49 de la Constitución, "que establece el abordaje de la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos y mandata a los poderes públicos a impulsar políticas que garanticen la autonomía e inclusión social de las personas con discapacidad".