Según diversas informaciones difudidas recientemente en medios de comunicación, Rodríguez de Castro gastó, entre 1996 y 2000, 195 millones de pesetas en protocolo, 107 millones más de lo inicialmente presupuestado, de los que la mayor parte fueron a parar a restaurantes y hoteles de lujo de Madrid.

En una batería de iniciativas, el diputado socialista por Cádiz José Fernández Chacón pide al Ejecutivo que aclare si se produjeron diversos gastos concretos y, en caso de ser ciertos, que los justifique.

Además de ese almuerzo, el diutado socialista pregunta por una factura de 1.175.000 pesetas en concepto de alquiler de una sala del Hotel Palace de Madrid, otra de 1.377.000 pesetas del Hotel Nacional, varias por valor total de más de un millón de pesetas del Ritz, y otra de 315.000 correspondiente a "un aperitivo".

Asimismo, quiere conocer la justificación de otra factura por valor de 520.916 pesetas correspondiente al Hotel Meliá La Caleta, y varias a los restaurantes Zalacaín, Jockey, Egaña Oriza, El Espigón, Casa Flores, La Mrina del Puerto Real o El Cantábrico.

Desea además conocer diversos gastos a cargo de una tarjeta Bussines card-oro, numerosas facturas de una agencia de viajes y la relación detallada de los servicios prestados por el Parque Móvil Ministerial para el consorcio de la Zona Franca.

En este punto, el diputado socialista exige al Ejecutivo que explique si todas las facturas del Parque Móvil Ministerial contabilizadas por el consorcio corresponden a sus miembros, y por qué no utilizaron el servicio detaxi debidamente justificado.

A la vista de las informaciones publicadas, los socialistas ya solicitaron la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ante la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda.

Además, el portavoz socialista de Presupuestos, Francisco Fernández Marugán, pidió al Ministerio de Hacienda los informes de control presupuestario interno de estos cuatro años, un informe interno supuestamente firmado en enero de 2000 por los cinco directores ejecutivos y el secretrio general del consorcio, y las cuentas auditadas de la Zona Franca de Cádiz correspondientes a 1997, 1998 y 1999, dejando las de 2000, que aún no estarán finalizadas.

Fernández Marugán ha emprendido además diversas iniciativas para saber si la Inspección General del Ministerio de Hacienda y la Agencia Estatal Tributaria están llevando a cabo algún tipo de actuación con el fin de aclarar estos hechos.

"Lo conocido hasta ahora hace presumir que existen gastos suplidos, que hay un reguero de partias de gasto de difícil justificación, de retribuciones en especie y de subvenciones y ayudas a diversas asociaciones, agrupaciones, clubes, entidades y peñas: ¿qué ha hecho el Ministerio de Hacienda para saber si todo ello es cierto? ¿Cuál es la opinión que le merecen este tipo de prácticas?", preguntó Marugán.