Así lo expresaron la diputada del PSOE Marta Trenzano y de Sumar Verónica Martínez en un encuentro organizado por la agencia de noticias Servimedia bajo el título ‘La Ley de Impulso a la Economía Social: a examen’ en el que también participaron la diputada del PP Alma Alfonso, el de Vox Juanjo Aizcorbe y la directora gerente de Feacem, Pepa Torres.

La citada ley se encuentra atascada en el Congreso de los Diputados, una vez que el plazo para presentar enmiendas se amplió en varias ocasiones, extendiéndose desde noviembre del año pasado a junio de este. Vox presentó una enmienda a la totalidad que fue rechazada y la ley se encuentra en fase de negociación entre los grupos. Los cuatro diputados que participaron en el debate son ponentes de esta ley.

Trenzano instó a los grupos a darse “un poquito de prisa” en sus debates e intentar “llegar a consensos” en torno a esta ley, “muy necesaria, muy demandada”, por el sector, y expresó su deseo de que en primavera pueda ser aprobada.

En la misma línea, Martínez Barbero, quien destacó que participó en la elaboración de la ley cuando ejercía como directora general de Trabajo en la anterior legislatura, pidió “responsabilidad a todos los grupos parlamentarios” y enfatizó que España se juega con la ley “seguir al frente de la economía social en Europa”. Por ello, llamó a “poner toda la carne en el asador y cuanto antes sacar adelante este proyecto legislativo”.

"LEY ÓMNIBUS"

Ante estos llamamientos, desde el PP, Alma Alfonso señaló que a su grupo le hubiera gustado que esta ley no unificara tres y esas tres se debatieran por separado: la Ley de Cooperativas, la de Empresas de Inserción y la Ley de Economía Social. A su juicio, distan los temas de una ley de los de otra y “cada una de ellas debería tener su sitio”.

Esta diputada del PP lamentó que la norma “ha partido bastante cicatera por parte de los que la han elaborado” dado que a su grupo han llegado “más de 100 enmiendas” por parte de algunas entidades del sector. “Cuando recibes tantísimas enmiendas te das cuenta de que evidentemente esta ley no representa lo que piden los sectores y ninguno de ellos nos ha dicho que ha sido de su agrado el que hayan unificado estas tres leyes en una”, explicó Alma Alfonso.

Por parte de Vox, Aizcorbe también rechazó que se haya elaborado una especie de “ley ómnibus” en la que “se hace una mezcla de cosas”, motivo por el que su grupo presentó enmienda a la totalidad. Puso de ejemplo que a las cooperativas se les exija planes de igualdad cuando “posiblemente ya tienen la igualdad”, lo que Vox ve como “trazos importantes de intervención del Estado”. También rechazó que la ley incluya “dogmas ecologistas” como la huella de carbono.

Por parte del PSOE, Trenzano también concretó una propuesta y es la “garantía de que más del 70% de los contratos en empresas de inserción y en cooperativas fueran contratos indefinidos”. El diputado de Vox se mostró favorable a “todo aquello que beneficie el trabajo indefinido, no los contratos indefinidos de forma seguida”.

DIFICULTAD PARA ACORDAR

La diputada de Sumar defendió que la ley se ha sometido a un “dialogo real” con el sector, “lo que no implica que haya demandas que el sector lo haya trasladado a los grupos” y que se puedan incorporar al texto inicial.

Desde el PSOE, Trenzano anticipó que su grupo ve “bien” las enmiendas que proceden del sector de centros especiales de empleo, fundaciones, cooperativas o cofradías de pescadores, mientras que la diputada del PP afirmó con claridad que la posición de su grupo es la de sus enmiendas y avisó de que no apoyarán “enmiendas intrusas”, que hagan referencia a cambios en otras materias que no tengan relación con la economía social.

Aizcorbe, de Vox, fue franco al señalar que conseguir consensos hoy con la situación política actual “está complicado” por la “triple división”: división de partidos, de territorios y de clases. “Esas tres divisiones nos machacan permanentemente, ojalá las ponencias fueran una puesta en común, sacándonos la chaqueta partitocrática, pero eso es muy complicado”, lamentó, y añadió que el consenso “no garantiza que salga una buena ley”.

La ‘popular’ Alma Alfonso concluyó que “lo mejor para las personas con discapacidad es que esta ley no saliera y se haga bien”, escuchando a todas las partes.

En este debate, Pepa Torres, en representación de las federaciones de centros especiales de empleo, intervino para defender a los centros de iniciativa social, que “tienen la obligación de invertir el 100%” de sus beneficios en los propios centros para dar empleo a personas con discapacidad a diferencia de otras empresas sociales, y la modificación normativa para “aclarar, dar seguridad jurídica y hacer una normativa más coherente” respecto a lo que son los centros de iniciativa social, que reinvierten esos beneficios.