La segunda jornada del V Congreso Nacional y II Internacional de Derecho de la Discapacidad, organizado por la Fundación Derecho y Discapacidad y el Cermi, con la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha y Laborvalía, que se está celebrando en Ciudad Real, concluía con el conversatorio vespertino titulado 'Bases para unas políticas públicas de salud mental renovadas', un espacio que volvió a situar la salud mental en el centro del debate jurídico, social y político, esta vez con especial énfasis en los derechos humanos, la participación activa de las personas con discapacidad psicosocial y la transformación de los modelos asistenciales.

Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Gobierno de España, abrió su intervención con una declaración contundente: “El estigma es una enfermedad social que debemos sanar. Y lo haremos impulsando leyes y políticas públicas que respeten la dignidad y la voluntad de las personas con trastorno mental”.

El responsable estatal anunció una de las medidas más esperadas del Congreso: la reforma de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia incluirá un artículo específico sobre salud mental, que, en sus palabras, “pondrá en el centro a las personas con trastorno mental, respetando su voluntad y su derecho a decidir cómo quieren vivir”. Esta disposición legal formará parte de un conjunto más amplio de cambios que buscan adaptar la legislación española a los mandatos de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Martín Blanco subrayó que “la salud mental no es un mantra ni un eslogan”, sino una realidad que interpela la vida cotidiana. Avanzó también la creación de un grupo de trabajo dentro del Consejo Nacional de la Discapacidad para revisar medidas como los ingresos no consentidos, y defendió llevar esta transformación hasta el Consejo de Europa con una propuesta de protocolo adicional al Convenio de Oviedo.

Por su parte, Belén González Collado, comisionada de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, abogó por tres ejes fundamentales: asegurar una calidad asistencial centrada en quienes más lo necesitan, integrar los determinantes sociales en la atención, y garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial. “Queremos que la ciudadanía exija que los planes se cumplan. La salud mental no puede seguir estando en la periferia del sistema”, declaró.

Desde la perspectiva autonómica, Mª Teresa Marín Rubio, directora general de Humanización y Atención Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, reivindicó el papel central de la iniciativa social en la atención comunitaria y apeló a una transformación de las estructuras de participación: “No podemos seguir funcionando con modelos del siglo pasado. Necesitamos marcos normativos que den estabilidad a la acción social y espacios reales de participación en la toma de decisiones”.

La jornada del jueves marcó un punto de inflexión en el Congreso, poniendo en evidencia la necesidad urgente de revisar los modelos institucionales y avanzar hacia sistemas de atención basados en la voluntad, los deseos y la plena inclusión de las personas con trastorno mental, explicó el Cermi.

MODELO TUTELAR

La jornada de la mañana estuvo centrada en la necesidad de superar enfoques médicos o securitarios para dar paso a modelos jurídicos y sociales centrados en el respeto a la voluntad y preferencias de las personas, en consonancia con los principios de la Convención de la ONU.

El eje temático de la jornada —centrado en la salud mental y la inclusión desde una perspectiva jurídica y social—permitió profundizar en cuestiones clave como la capacidad jurídica, la discriminación interseccional, la libertad personal, el diseño normativo de las políticas públicas de salud y la inimputabilidad penal de personas con discapacidad psicosocial.

La primera intervención corrió a cargo de Juana Morcillo Moreno, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha, quien abordó la necesidad de ofrecer apoyos efectivos al ejercicio de la capacidad jurídica para personas con discapacidad psicosocial. Destacó el impulso que en España ha supuesto la reforma legal de 2021 en esta materia, aunque señaló las dificultades prácticas de su aplicación, y recalcó la importancia de no sustituir la voluntad de la persona, sino de acompañarla con apoyos ajustados a sus preferencias, incluyendo figuras como la autocuratela o los poderes preventivos. También planteó los retos que supone conjugar la autonomía individual con la protección de terceros, especialmente en situaciones de riesgo, citando instrumentos internacionales como el Convenio de Oviedo.

A continuación, Ana Peláez Narváez, experta del Comité Cedaw de Naciones Unidas y vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Cermi Mujeres, denunció la situación de discriminación interseccional que enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad psicosocial, un grupo especialmente expuesto a violencia, exclusión social e invisibilización. Además, reclamó el fin de prácticas históricas lesivas como la esterilización forzada, y exigió políticas públicas con enfoque de género y derechos humanos: “Las mujeres con discapacidad psicosocial han sido históricamente silenciadas, pero hoy alzan la voz para reclamar su derecho a decidir sobre su cuerpo, su vida y su participación en la sociedad".

La sesión continuó con la ponencia del catedrático Antonio-Luis Martínez-Pujalte, centrada en las afecciones al derecho a la libertad personal por razón de salud mental. Cuestionó la legalidad y legitimidad del internamiento involuntario, subrayando que la CDPD impide cualquier tratamiento médico no consentido por la persona, incluso en contextos de discapacidad psicosocial; defendió el principio de la “dignidad del riesgo” y propuso una profunda reforma tanto de la Ley de Autonomía del Paciente como de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para garantizar que ningún internamiento se fundamente en la simple presunción de peligro. Asimismo, subrayó la necesidad de un cambio cultural entre los operadores jurídicos y sanitarios.

Fernando Lamata Cotanda, miembro de la Junta Directiva de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento y del Consejo Consultivo de la Confederación Salud Mental España, ofreció una visión histórica de las políticas públicas en materia de salud mental, desde modelos centrados en el encierro hasta los enfoques comunitarios del siglo XX. Advirtió que los avances no están garantizados y pueden revertirse si no se sostienen mediante marcos normativos claros y dotación presupuestaria adecuada. “Sin presupuestos justos y adecuados, no pueden hacerse efectivos los derechos sociales”, alertó.

La jornada de la mañana concluyó con la intervención del fiscal David Mayor Fernández, quien analizó el concepto de inimputabilidad penal de personas con discapacidad psicosocial, cuestionando su compatibilidad con los derechos reconocidos en la CDPD. El fiscal señaló que la inimputabilidad, tal y como está concebida hoy, puede derivar en prácticas discriminatorias: impide que una persona sea declarada inocente y conduce a medidas de seguridad, como el internamiento, que muchas veces resultan más gravosas que las penas de prisión. Mayor reclamó una revisión legislativa profunda y medidas que aseguren el derecho a un juicio justo y con garantías.