Segarra hizo este llamamiento en la mesa dedicada a analizar ‘La nueva guarda de hecho’ que entró en vigor el pasado año y que ha dejado atrás el modelo de incapacidad judicializada para ajustarse a las recomendaciones de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, celebrada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006.

En esta mesa de debate participaron junto a la fiscal, Ascensión Leciñena, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Murcia y María Ángeles Parra, magistrada de la Sala Primera el Tribunal Supremo y catedrática de Derecho Civil, dentro del marco del XII Congreso Notarial Español que se celebra en Málaga y que está dedicado al análisis del envejecimiento.

La Ley 8/2021 entró en vigor el 3 de septiembre del pasado año y supone la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Las modificaciones pretenden asegurar que las medidas respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad. Se modifica así el sistema existente hasta el momento, ya que ahora es la persona con discapacidad quien toma las decisiones que le afectan. La nueva norma también modifica la terminología jurídica y hace desaparecer del ordenamiento la incapacitación judicial, habilitando un sistema de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica por parte de la persona con discapacidad.

Así, se ha eliminado la figura de la tutela, que sólo se constituirá en relación a los menores de edad que no estén protegidos por la patria potestad y se establece la guarda de hecho que es quien, sin nombramiento judicial que le habilite para ello, cuida de la persona con discapacidad, pero que tiene limitadas sus facultades de actuación.

Precisamente este es un terreno en el que es necesaria la acción pedagógica de la Fiscalía, según dijo Segarra, que trata de explicar esta nueva figura a los operadores jurídicos que intervienen en la vida de la persona guardada tales como la Agencia Tributaria, la Administraciones municipales o autonómicas o los bancos, a los que pidió la creación que productos concretos para los guardadores, que les permitan actuar con ciertos límites sobre los bienes de las personas con discapacidad. Entre esos recursos, citó las tarjetas de conveniencia, que autorizan la obtención periódica de una cantidad de dinero en metálico para sufragar los gastos de la persona protegida.

Aunque la nueva legislación está echando a andar, aseguró, ya ha tenido efectos sobre la actividad de los fiscales puesto que las demandas presentadas antes la Fiscalía se redujeron en un 6% en los tres meses de vigor de la nueva norma en 2021 y más de un 33% en relación al año 2019.

A su entender, la Fiscalía debe concentrarse ahora en informar a instituciones sobre la figura del guardador de hecho para reducir las reticencias hacia el guardador, ya que “existen salvaguardas frente a abusos” y se mantiene la vía judicial si se detectan. Sobre el problema de la acreditación de la función de guardador de hecho, Segarra dijo que un acta notarial podría ser una vía, aunque con limitaciones.

La profesora Ascensión Leciñena explicó que el guardador es una persona que con carácter espontáneo ejerce esos cuidados pero sin ningún respaldo jurídico o documental. “La guarda nace de la vida” y existe mientas permanece la voluntad del guardador y del guardado. Por tanto, tiene vocación de futuro pero no se puede garantizar su estabilidad.

En cuanto a la certificación notarial de la condición de guardador, pidió “prudencia” y aseguró que “está muy bien que el notario en un acto concreto pueda probar que quien aparece allí, que dice que es guardador, es quien dice ser y dar fe de que es así. Pero ese título debe circunscribirse a ese momento, porque ese título pretende que se pruebe una guarda que hoy está y mañana puede no estar. Crear un título de legitimación que vaya más allá de un concreto negocio puede generar un cierto recelo”, concluyó.

Por su parte, María Ángeles Parra, insistió en que la guarda de hecho es “lo que viene sucediendo en la práctica” y destacó que habilita medidas de control y supervisión por parte del juez para evitar abusos. “Las situaciones de abuso se dan y hay que detectarlas”, dijo.

En el caso del envejecimiento, apostó por “crear la cultura de la previsión y empezar, por ejemplo, a autorizar a personas en las cuentas bancarias o tomar cierto tipo de decisiones antes de perder la capacidad de opinar”.

PLANIFICAR LAS FINANZAS

En la mesa dedicada a “La planificación financiera de una vida centenaria” participaron Belén Alarcón, socia de Abante Asesores; Diego Valero, profesor de la Universidad de Barcelona, Laura Duque, subdirectora general de Cumplimiento y Legal de Mutua Abogacía.

En este debate los ponentes incidieron en la necesidad de planificar las medidas para un envejecimiento digno y con una perspectiva larga de supervivencia tras el retiro laboral, ya que las expectativas pueden prolongarse más allá de los 100 años. En ese sentido, abogaron por planear con cuidado las decisiones financieras y evaluar en todo momento sus consecuencias a largo plazo.

Alarcón aseguró que “no estamos diseñados para pensar en el futuro, por lo que no nos preocupamos lo suficiente por la planificación financiera de una vida centenaria”, mientras que Valero insistió en que, “junto al cambio climático y la digitalización, la longevidad es uno de los grandes retos de nuestra sociedad para este siglo”.

Por su parte, Duque insistió en que “planificar es una necesidad. Los españoles de 65 años tienen hoy una esperanza de vida media de veinte años más, tendencia que tiene un proceso ascendente. Somos el tercer país de la OCDE con más posibilidades de alcanzar una vida centenaria, sólo por detrás de Japón y Corea".