El análisis de Anave señala que, si el Gobierno aprobara éste año el anteproyecto legislativo en los términos propuestos por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), las empresas del sector podrían dar empleo a unos 3.000 trabajadores nacionales más hasta 1995, lo que situaría el volumen de ocupación del sector en19.400 personas.

Para los empresarios navieros, el anteproyecto del Gobierno es un "instrumento útil y positivo, para alinear el marco de explotación de las empresas navieras españolas a los actualmente vigentes en la CE", y consideran que puede permitir un relanzamiento de las inversiones en la industria mercante española.

Como ejemplo de esa evolución, añaden que en el periodo comprendido entre 1993 y 1995, las empresas del sector aumentarían en 2,2 millones de toneladas el registro actual de bques español, situado en 2.718.060 toneladas.

Esto significa, según los técnicos de Anave, que la aplicación del segundo registro canario facilitaría un crecimiento del 77,7 por cien en la capacidad operativa de la flota, durante los próximos cuatro años.

Además, señalan que ésta evolución favorable del sector repercutiría en la mejora de perspectivas para otros sectores industriales, como el de astilleros, que vería aumentar su cartera de pedidos para hacer frente, aseguran, a un incremento de ls contratos para construir unos 300 nuevos buques hasta 1999.

Como consecuencia de esa actividad, las empresas navieras calculan que para el final del siglo la flota mercante española se vería incrementada en 300 buques, unos 3,9 millones de toneladas de capacidad y 4.500 empleos más, que si se mantuviera el marco legislativo actual.

BENEFICIOS EMPRESARIALES

Los principales beneficios que reporta para la marina mercante nacional el proyecto del Gobierno es la posibilidad de inscribir en el regitro de buques canarios barcos de bandera española con condiciones fiscales, laborales y contributivas mucho mejores que las existentes para el resto de las empresas.

Entre las medidas específicas del anteproyecto destaca la posibilidad de contratar hasta un 50 por cien de la tripulaciónde los barcos con personal comunitario, porcentaje que, incluso, podría aumentarse en casos concretos y bajo autorización de las autoridades mercantes españolas.

Además, las empresas navieras dispondrían de una rebja de entre el 25 y el 35 por cien en el Impuesto de Sociedades sobre los beneficios obtenidos.

A su vez, las sociedades que contraten personal español gozarían, por cada trabajador nacional, de unas bonificaciones del 15 por cien en la deducción por gastos para el Impuesto sobre el Rendimiento de las Personas Físicas (IRPF), frente al 5 por cien que disfrutan todas las empresas, y un descuento del 50 por cien en las cotizaciones a la Seguridad Social.