El PP transmite su "preocupación" por "cómo, en los últimos años, las bases que rigen la convocatoria de estas ayudas han sido modificadas generando una discriminación para los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo".

El texto de la moción argumenta que hasta el año 2020, para solicitar una beca dentro de la Convocatoria de Ayudas al Estudio para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, estos alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad podían acreditar esta condición mediante un certificado de un equipo de orientación educativa y psicopedagógica o del departamento de orientación.

"Sin embargo, a partir de la convocatoria del curso 2021-2022 solo puede acceder a la convocatoria de estas ayudas quien esté en posesión de un certificado de grado de discapacidad igual o superior al 25%", porcentaje que el PP "no tiene nada que ver y es totalmente ajeno al ámbito educativo, que no evalúa las necesidades educativas ni de aprendizaje".

Con ello, concluye la moción, esta situación "afecta, discrimina y excluye a un gran número de alumnos con necesidades educativas especiales, derivadas de una discapacidad, dado que en la definición de los criterios de acceso a la ayudas se emplea el término 'discapacidad' como una mera categoría resultante de la aplicación de un baremo, alejándose de la más veraz conceptualización de la discapacidad como una situación personal de la que derivan determinadas necesidades educativas especiales y que demanda una atención específica de apoyo educativo".

El texto a debatir pone el ejemplo de que la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas), que "ha reclamado durante estos años que se restituyeran los anteriores criterios de acceso a la convocatoria de ayudas".

El Comité Español de Personas con Discapacidad (Cermi) opina que "las familias del alumnado con discapacidad solicitan estas ayudas porque tienen necesidades educativas especiales, las cuales son preexistentes e independientes del grado de discapacidad certificado por un baremo ajeno a la identificación y la evaluación de las necesidades educativas y de aprendizaje de este alumnado, y aplicado fuera del propio contexto escolar y educativo".

Por lo que consideran que, esta discriminación en el acceso a la convocatoria de las becas y ayudas, "atenta contra su derecho a la educación, al requerir de determinados apoyos educativos específicos que las familias solo pueden costear gracias a estas ayudas que venían recibiendo con anterioridad a este cambio introducido por el Gobierno de España en estos requisitos al acceso a estas ayudas y becas".