Según los ‘populares’, la Lomloe convierte a esos colegios en centros de referencia y supone “un ataque” a la educación especial pues “da prioridad a los centros ordinarios”. “Los quiere arrinconar y los está condenando a su cierre”, planteó la senadora Rosa María Romero, que defendió la moción.

El texto apunta que "el alumnado con necesidades educativas especiales asociado a discapacidad supera en la actualidad los 292.897 alumnos en el sistema educativo español, representando en torno al 3,6% del total del alumnado. De ellos, aproximadamente el 85% se encuentra escolarizado en enseñanzas ordinarias y en torno al 14,8% en centros o unidades específicas de educación especial".

La Lomloe, sostienen los 'populares', "ha generado problemas interpretativos" por la preferencia de un "régimen más inclusivo" que "puede introducir perturbaciones en la aplicación práctica del precepto al ponderar la opinión de los padres y, además, únicamente cuando esta se manifiesta en un determinado sentido". Por ello, la moción pide garantizar la "función estructural" de los centros de educación especial, regular "expresamente" la permanencia al menos hasta los 21 años; prioirzar la participaión de las familias en la escolarización; impulsar la atención temprarna y garantizar una financiación adecuada.

Para la parlamentaria, “la verdadera inclusión no consiste en imponer un modelo único desde la uniformidad” sino de ofrecer “respuestas adaptadas” a las peculiaridades de cada alumno. Romero denunció que las familias de los alumnos con discapacidad viven “con preocupación” desde la entrada en vigor de la Lomloe, una “nefasta e ideológica ley”.

La moción del Grupo Popular (que tiene mayoría en el Senado) recibió dos enmiendas. El Grupo Izquierda Confederal pidió “un itinerario de formación y asistencia para los alumnos con necesidades especiales una vez superados los 21 años de edad”, propuesta que fue incorporada a la moción inicial.

El senador canario Fabián Chinea defendió ese matiz para “facilitar la transición real a la vida adulta”. “Está en juego no sólo un modelo educativo, sino la dignidad de estas personas”, dijo, pidiendo “más sensatez”.

Vox presentó otra enmienda que fue rechazada, aunque desde sus filas mostraron apoyo al PP al margen de que aceptase o no su moción. Paloma Gómez aseguró que su grupo comparte “plenamente” el objetivo que defendieron los ‘populares’ y remarcó que “la inclusión no puede ser un eslogan sino una herramienta para el crecimiento personal”, que debe contar con las familias “para la toma de decisiones” y debe lucharse contra el acoso escolar, que se ceba especialmente con los niños con discapacidad.

'NO A LA GUERRA'

Otro parlamentario del Grupo Popular, Francisco Joaquín Camacho, mostró su “sorpresa” porque el Grupo Socialista no hubiera planteado ninguna enmienda y sí hubiera abanderado el ‘No a la guerra’. Durante su intervención, Camacho puso de ejemplo las políticas educativas de Andalucía y la inversión para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales.

María Dolores Etxano (Grupo Parlamentario Vasco) aseguró que no apoyaba la moción porque está “vacía de contenidos”, colisiona con las competencias autonómicas y deja en manos de las familias y no en los profesionales la decisión de elegir el centro educativo.

Xavier Ten (Grupo Parlamentario Plural) señaló que la propuesta del Grupo Popular “abre la puerta a ciertos modelos de segregación”, aunque “plantea un gran tema”, la “disconformidad” entre familias y administración sobre la escolarización.

“Los centros de educación especial son un recurso más de la educación inclusiva y no pueden ser descartados como centros proveedores de recursos”, como a su entender recoge la Lomloe, lo que abre “un camino dificilísimo” para las familias. Por eso pidió “volver a la negociación” ante el incremento de alumnos con necesidades educativas especiales, más recursos y respeto a las competencias autonómicas.

En este punto coincidió Jordi Gaseni (Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia), mientras que José Manuel de la Vega (Grupo Socialista) defendió que la Lomloe “amplia” y “refuerza” el papel de los centros de educación especial en el sistema, “como centros de referencia”, y que eso implica “más recursos” para atender al alumnado con discapacidad.

El senador socialista afeó a los populares la “contradicción” de que reclamen más centros especiales cuando reconocen que el 85% están escolarizados ya en centros ordinarios, y subrayó que la Convención de la ONU sobre personas con discapacidad “se cumple” pues reconoce una educación inclusiva.