Por ello, en una rueda de prensa para explicar los motivos de las huelgas previstas a finales de noviembre y durante el puente de diciembre, los sindicatos avisaron de que la consecuencia “más grave” del acuerdo entre PSOE y ERC es que el traspaso de Rodalies a la Generalitat se tome como ejemplo y el resto de comunidades autónomas soliciten el traspaso de competencias e infraestructuras.

En dicha presentación participó Escudero junto a los representantes de los Comités Generales de Empresa de Renfe y Adif, CCOO, UGT, CGT, SFC y SF tras el acuerdo unánime de movilizarse contra la segregación derivada del acuerdo entre PSOE y ERC y “frente a la privatización encubierta de la sociedad Renfe Mercancías”. Estas movilizaciones tendrán lugar los días 24 y 30 de noviembre y 1,4 y 5 de diciembre.

El responsable de infraestructuras del Sector Federal Ferroviario UGT, Pedro Aller, explicó que el objetivo de estas movilizaciones es dar una solución a “la falta de rigor absoluto del documento técnico” del Gobierno, y criticó que se ha planteado una situación de carácter político “sin tener en cuenta en ningún momento cómo se podría realizar técnicamente”.

Por su parte, el coordinador del Grupo Renfe y CGT, Pablo Saeta, valoró que esta actuación por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana supone “un ataque grave al servicio”.

En este sentido, Escudero expuso que una de las consecuencias más graves de este acuerdo en Cataluña sería que se tome como ejemplo y “que el resto de comunidades autónomas también soliciten la transferencia de los cercanías”. Esto supondría que Renfe y Adif se fraccionaran en 17 pequeñas empresas, una por cada comunidad, y pondría en cuestión las condiciones de trabajo alcanzadas por convenios. Desde SF aseguraron que esta medida es “absolutamente innecesaria” porque no soluciona los problemas que padecen todos los Cercanías, “no solo el de Cataluña”, afirmó Escudero.

Los sindicatos aseguraron también que desde el Comité General de Renfe y Adif no van a permitir esa disgregación en 17 empresas autonómicas, ya que llevaría a una peor operatividad y el deterioro de las condiciones laborales.

En la misma línea, el portavoz del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), Diego Martín, señaló que el departamento de Raquel Sánchez no les ha tenido en cuenta “para un proceso que afecta a 30.000 trabajadores”, y lamentó que “la política ha pasado por encima de la empresa pública”.

La secretaria general del Sector Ferroviario CCOO, Pepa Páez, también afirmó que “no se ha contado con la representación de los trabajadores de ambas empresas” y aseguró que están dispuestos a reunirse y negociar con el Ministerio y la Generalitat “para garantizar la no segregación de estas dos empresas”.

“Esperamos que la afluencia de las movilizaciones sea absolutamente masiva, aunque los servicios mínimos que siempre nos ponen en este tipo de empresas hacen que las huelgas prácticamente se vean minimizadas a su mínima expresión. Esto no puede servir para tapar la realidad”, concluyó Aller.