El hecho que ha provocado esta unidad de acción, inédita en la historia del sindicalismo policial español, ha sido la masiva apertura de expedientes disciplinarios a los agentes que el pasado día 12 de junio se manifestaron por la capital de España para pedir mejoras salariales.

Las tres organizaciones, que representan a 36.000 miembros del Cuerpo Nacional de Policía, han decidido presentar varias querellas judiciales contra el director general de a Policía, José María Rodríguez Colorado, por un presunto delito de prevaricación (dictar resoluciones a sabiendas de que son injustas) y por coartar la libertad sindical.

Los tribunales tramitan actualmente otra querella contra Rodríguez Colorado, presentada hace unos meses por ANPU, por no respertar la presunción de inocencia de los agentes expedientados, a quienes no se escuha antes de imponerles la sanción, según explicaron.

Aparte de los más de 60 expedientes tramitados con motivo de la maniestación, Interior decidió ayer sancionar a toda la Ejecutiva del SUP, sindicato convocante de la protesta.

Además de estas medidas judiciales, los sindicalistas han solicitado una entrevista con Alvaro Gil-Robles, Defensor del Pueblo, para explicarle cuál es la situación en la policía.

SIETE BALAS DE VENTAJA

Para los sindicalistas, que no descartaron volver a ser sancionados por sus palabras de hoy, la relación que pretende tener Corcuera con la policía es "de siete balas de ventajas", según firmó Vázquez Romay.

"Al ministro le gustaría que los agentes estuviesen atados y bien atados", recalcaron, al tiempo que señalaron que de seguir así habrá que redactar una ley que proteja a los sindicalistas de las agresiones de la Administración.

La policía está muy crispada, dijo García Gámez, "y si los propios agentes se sienten inseguros, que cada uno saque sus conclusiones". Además, los tres coincidieron en señalar que los funcionarios están sometidos a dobles juicios: el de la Justicia y e del régimen disciplinario.

LA MITAD FUERA

Los sindicalistas también criticaron la propuesta económica que realizó anteayer el ministerio, que comprende una subida en la partida de la productividad a tan solo 29.400 funcionarios, dejando fuera de esta mejora a la mitad del colectivo.

Los más beneficiados serían los agentes que participen directamente en la seguridad de los Juegos Olímpicos de Barcelona y de la Expo de Sevilla y los destinados en las grandes capitales.

Aunque aseguraron no er "peseteros" y criticaron esta medida, no precisaron cuál será su postura en el caso de que Corcuera no extienda el reparto de los 3.000 millones de pesetas presupuestados en este capítulo a todos los agentes del Cuerpo Nacional de Policía.