La congelación provisional es una realidad que ya se ha dado en los últimos ejercicios y, desde el ámbito empresarial, se afea los efectos que ello acarrea en la planificación de las compañías. No obstante, cabe precisar que este año la negociación ha sido algo más compleja de lo habitual pues la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, encargó al comité de expertos que plantearan una propuesta de revalorización si este indicador sigue exento de tributar y otra si comienza a pagar IRPF, aunque Hacienda ya se ha mostrado abierta a estudiar mantener esa ventaja para los empleados que ganan este indicador.

Y es que, el informe del grupo de expertos nombrado por el Ministerio de Trabajo propone que el SMI suba en 2026 un 3,1% si sigue exento de IRPF, hasta los 1.221 euros por 14 pagas, y un 4,7% si se termina con la exención de tributar, lo que dejaría este indicador en los 1.240 euros.

En la actualidad, el SMI está fijado en los 1.184 euros al mes por 14 pagas, de modo que con la parte baja de la horquilla de los expertos el salario mínimo aumentaría 37 euros y en la banda alta repuntaría 56, si bien en este caso parte de la subida ya no iría a parar a los trabajadores de manera directa, sino que tributaría en el IRPF.

El objetivo de Trabajo es que el SMI sea el 60% del salario medio en España, esgrimiendo los mandatos de la Carta Social Europea, para lo que creó un grupo de expertos a los que cada año solicita un informe con recomendaciones.

Ante la subida de 2025, Yolanda Díaz y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantuvieron diferencias en el seno del Ejecutivo a cuenta de la tributación del SMI, exento hasta entonces. Pero como desde 2018 este indicador ha crecido un 61%, Hacienda era partidaria de que ya empezara a tributar IRPF, lo que no compartía Trabajo.

El disenso se resolvió con una solución temporal para un año para mantener la exención y, ahora, con la nueva subida para 2026, se abre de nuevo el debate sobre si incrementar o no la exención de IRPF. Con este asunto sin resolver, Díaz encargó a los expertos que plantearan una cifra con tributación y otra sin ella, a fin de asegurar que el SMI neto siga ligado al 60% del sueldo medio. Pero Hacienda ya se ha mostrado proclive a estudiar mantener la exención, con lo que se abre paso la subida del 3,1% del informe de expertos.

Los sindicatos propusieron hace algunas fechas que si se mantiene la exención el SMI se revalorice un 2,7% y que si se acaba con ella el aumento llegue hasta el 7,52%. CEOE y Cepyme discreparon de estas cifras y plantearon un aumento del 1,5%.

Los empresarios apoyaron su tesis en que el SMI ya está por encima del 60% del salario medio en España si, en lugar de medir el salario medio con la Encuesta de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE) se hace con la Encuesta de Población Activa (EPA), lo que ven más “adecuado”, ya que la primera no incluye las retribuciones de los sectores a los que más afecta, precisamente, el SMI (actividades del campo y empleadas de hogar), cosa que sí abarca la EPA.

Por otra parte, el Ministerio de Trabajo está tramitando una reforma de la regulación del SMI en un texto paralelo al de la revalorización de este nuevo año que busca, entre otros aspectos, que haya complementos en nómina que no se puedan reabsorber por parte de la empresa cuando se vea alcanzado el salario del empleado por las subidas del SMI.

CEOE rechaza este extremo y avisa de que la medida podría suponer que haya casos en los que el SMI suba un 25% e incluso un 30%, con el consiguiente perjuicio para las empresas y el mercado laboral. Igualmente, advierte de que es una acción que afecta al Estatuto de los Trabajadores, por lo que no puede aprobarse sin pasar por el Parlamento. Así, ya ha anticipado que si se elude la votación en las Cortes Generales, acudirán a los tribunales.

Con ello, la patronal confía en que la medida no vea la luz en el Congreso y se encomienda a lo que ya sucedió con la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, cuando Junts, PP y Vox se unieron para tumbar ese proyecto de ley.