García Ortiz se enfrenta en este juicio a una pena de hasta seis años de cárcel por la supuesta filtración de un correo electrónico que habría quebrado la presunción de inocencia del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, al ofrecer datos de su negociación con el ministerio Público para llegar a un acuerdo de conformidad a cambio.

Según la teniente fiscal, la actuación del fiscal durante el 13 de marzo de 2024 estaba justificada porque se había difundido una información falsa que "debía ser atajada". Se trata del bulo difundido por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, que aseguró que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador, cuando era al revés.

Sánchez Conde consideró este jueves “lícita” la actuación del fiscal general en relación con la nota que distribuida por la Fiscalía con relación al caso de fraude fiscal de la pareja de Isabel Diaz Ayuso porque "todos los elementos que contenía la misma eran ya objeto de público conocimiento cuando fue publicada”.

En sus conclusiones al juicio que se celebra en el Tribunal Supremo, Sánchez Conde insistió en que "la esencia es la información y no la difusión del contenido literal" de los correos que intercambiaron la defensa del empresario y el fiscal de caso, Julián Salto, en los que el abogado pedía un pacto al Ministerio Público a cambio de reconocer dos delitos fiscales. A su juicio, no puede existir delito de revelación de secretos cuuando una noticia se le ha hecho llegar a un periodista.

También se refirió al borrado de mensajes en los dispositivos del fiscal general para sostener que “la divulgación a la prensa jamás se produjo por medios electrónicos", por lo que incluso si no se hubiera producido ese borrado “jamás” se habrían encontrado pruebas en su contra. El borrado, dijo, “además de legítimo, no ha tenido trascendencia en la causa", puesto que la información ya estaba en manos de los periodistas.

Sobre el trato dispensado desde la Fiscalía a González Amador, la teniente fiscal dijo que se le dio “el mismo” que a cualquier ciudadano y recordó que los hechos por los que estaba siendo investigado “se le imputaron antes de que transcendiera su relación con la presidenta de Madrid". Y remachó: “El ministerio fiscal no ha tenido ninguna actuación impropia contra González Amador”.

La Fiscalía ha sido especialmente dura con el instructor de la causa, Ángel Hurtado, al que acusó de “jugar” con los indicios que han llevado al fiscal general al banquillo de los acusados. También dio validez a los testimonios de los periodistas que aseguraron tener la información antes que el fiscal general, en contra de lo que han dicho a lo largo d ela mañana las acusaciones.