Obra de Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Coordinadora de Asociaciones Senegalesas de Catalunya (CASC), Convive Fundación Cepaim, Médicos del Mundo, Red Acoge y Asociación Rumiñahui, el trabajo analiza el cumplimiento del PMM de Naciones Unidas por parte de España, de cara a la evaluación a nivel regional que tendrá lugar el 11 de marzo.

En su intervención, Paspuel citó estudios de Oberaxe y del Foro para la Integración social de los Inmigrantes (FISI), que avalan que la diferencia de salario por “el mismo trabajo entre la población autóctona y la de origen migrante es de hasta el 37%”.

Esta “afecta sobre todo a los trabajadores en situación irregular, que cobran menos de media, y destacó que algunos empresarios, “aunque pocos, llegan a amenazarlos con denunciar su situación si protestan”.

Paspuel advirtió de la necesidad de trabajar en el objetivo 16 del Pacto Mundial, referido a la integración social, y alertó de que “España se está jugando su futuro”. “Si no lleva a cabo una política correcta en este terreno habrá un país a dos velocidades”, apuntó, donde “por un lado estarán los ciudadanos autóctonos con todos sus derechos y, por otro, los de origen migrante, aunque tengan la nacionalidad”.

“La misma situación que sucedió en Francia e Inglaterra se está cocinando aquí”, avanzó. Por eso, llamó a combatir el abandono escolar entre el colectivo y a reflexionar sobre “quién está cuidando a nuestros niños y personas mayores y cultivando los campos”.

Lamentó que “por un puñado de votos se haga un discurso tan racista y daniño, tanto para la población migrante como para la propia sociedad española, que se ve polarizada hasta el extremo”.

CHOQUE DE TRENES

Por su parte, Jara Henar, especialista en migraciones y movilidad de Alianza por la Solidaridad, defendió que en 2018 “España adquirió una responsabilidad" al firmar el Pacto Mundial de Naciones Unidas para Una Migración Ordenada, Regular y Segura, “aunque no sea vinculante”.

Este acuerdo alude además “al derecho internacional de los derechos humanos”, que sí es de obligado cumplimiento para nuestro país” y subrayó la contradicción que existe entre dicho acuerdo y el Pacto Europeo de Migración y Asilo, a punto de er aprobado de forma definitiva.

A su juicio, ambos suponen “un choque de trenes”, pues el acuerdo comunitario, que ”sí es vinculante”, implica un retroceso en los derechos adquiridos de la población migrante, incluidos los niños”.

De ahí la insistencia de estas organizaciones en dar cumplimiento al Pacto Mundial, que aún presenta muchas lagunas en España, tal como asociaciones de base de migrantes de Córdoba, Cataluña, Madrid, Murcia , Guipúzcoa y Valencia señalan en el estudio.

Entre estas, destacan la falta de participación política; la práctica de identificaciones y paradas en la calle basadas en perfiles étnicos por parte de las fuerzas de seguridad; las técnicas utilizadas para determinar la edad de posibles menores extranjeros; los problemas en el acceso a la salud para la población migrante irregular, y las devoluciones en caliente que se practican en Ceuta y Melilla.

Según Henar, la política de criminalización y de expulsiones sumarias demuestra el enfoque cada vez más securitario de las políticas migratorias”, en línea con el Pacto europeo, y “suponen una violación de las convenciones internacionales sobre derechos humanos”.

Como avances, resaltó la Ley de Igualdad de Trato y no discriminación, aunque lamentó "que la población en situación irregular haya quedado fuera de su ámbito de protección", y las mayores facilidades para agilizar las regularizaciones de trabajadores residentes en España recogidas en la reforma del reglamento de Extranjería.

Con todo, subrayó que "se trata siempre de personas que ya están aquí" y de "respuestas muy vinculadas a las necesidades del mercado de trabajo, pero "de ningún modo se ofrecen vías legales y seguras para favorecer la llegada de nuevas personas migrantes".