Según el departamento dirigido por Teresa Ribera, estas propuestas se financiarán con fondos Next Generation de la UE y corresponden a una inversión proyectada de 475,5 millones de euros y una potencia total a instalar de 188,3 megavatios.

El programa de ayudas, gestionado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha seleccionado iniciativas de producción de biogás y su aprovechamiento, bien para uso térmico o eléctrico, en cogeneración de alta eficiencia o para depuración hasta obtención de biometano de uso energético. La mayoría de los proyectos beneficiarios de estas subvenciones a fondo perdido combinan varias de estas tipologías y un buen número de ellos incorporan además el tratamiento y conversión del digerido final como fertilizante.

Por Comunidades de origen, Cataluña (27) acoge el mayor número de propuestas seleccionadas, junto con Aragón (11) y Andalucía (9). Dada la naturaleza de la convocatoria y su vinculación directa con la actividad del sector primario, los criterios de selección de los proyectos han ponderado, además de su rigor técnico y grado de innovación, la ubicación en zonas de Transición Justa y Reto Demográfico. Del total de las ayudas propuestas, más de la mitad, 42,1 millones, se conceden a iniciativas localizadas en estos territorios.

Las propuestas seleccionadas parten del tratamiento anaerobio de materia orgánica depositada en vertederos, de lodos de depuradoras urbanas (EDAR), del aprovechamiento y valorización de residuos agrarios, purines ganaderos, restos de actividad forestal o de la industria agroalimentaria, entre otros variados ámbitos de origen. En todos los casos, la materia prima de partida pasa de residuo a recurso, incorporando en el proceso mayor valor añadido y generando actividad empresarial y empleo local.

De este modo, el despliegue del biogás contribuye a fijar población, vertebrando el territorio y dando impulso al desarrollo económico de las zonas rurales. La posibilidad de generación de biogás de forma deslocalizada ayuda a evitar la despoblación rural y plantea además sinergias con las necesidades de reactivación económica de las zonas en proceso de transición justa.