La decisión judicial otorga a la empresa British Nuclear Fuels (BNFL) y a su filial de transporte marítimo, PNTL, un mandato que garantiza que los efectivos de Greenpeace no podrán interferir en las operaciones de embarque del plutonio.

Un comunicado oficial de la BNFL señala la satisfacción de la compañía por esta medida, "que permitirá realizar las maniobras de entrada y salida del puerto de Cherburgo, y en aguas territoriales francesas, con la debida seguridad y sin interrupciones".

A continuación indica que las dos compañías están de acuerdo con el derecho a la libertad de expresión y a la manifestación pacífica, pero que su recurso legal obedece a la necesidad de garantizar la seguridad y prevenir posibles accidentes entre los activistas o las personas involucradas en el transporte.

Otra nota del grupo francés Cogerna, encargado de reprocesar y vitrificar los residuos radiactivos japoneses, asegura, en respuesta a las acusaciones sobre la seguridad de la operación, que "las decaraciones de algunas organizaciónes antinucleares pretenden desinformar a la opinión pública".

"El Gobierno de Estados Unidos", señala el comunicado, "ha declarado que, desde su punto de vista, este transporte no crea problemas significativos para la salud de la población, ni para la seguridad, ni para el medio ambiente".

Por su parte, la Federación de Compañías Eléctricas de Japón (FEPCO) y la Agencia de Ciencia y Tecnología (STA) han explicado que no se hará pública la ruta que seguirá el cargaento por motivos de seguridad, a pesar de que diversas empresas y gobiernos han pedido que prevaleciese la transparencia de cara a la opinión pública.