Esta medida, dirigida a combatir el fraude, forma parte de los convenios que Trujillo firmó hoy con 28 bancos y cajas de ahorros de las 118 entidades que participan en la financiación del Plan de Vivienda 2005-2008.

Tanto entidades financieras como las comunidades autónomas, que van firmando convenios con Vivienda, tienen que cumplir un protocolo de información, mediante medios informáticos, como condición para participar en el Plan de Vivienda.

Este tratamiento informático de seguimiento será la base del Registro de Vivienda Protegida, de modo que Administraciones y bancos o cajas puedan conocer en todo momento qué promotores de VPO hay en una comunidad autónoma o si una determinada persona es beneficiaria de una vivienda protegida y en qué condiciones.

El convenio que Vivienda ha firmado con las entidades financieras da mayor libertad a los usuarios para elegir dónde contratar su hipoteca, que puede llegar a durar 25 años, sin más limitaciones que el volumen máximo de crédito que tenga cada autonomía.

En conjunto, bancos y cajas pueden prestar en cuatro años un máximo de 33.000 millones de euros, lo que representa el 8% del actual saldo vivo hipotecario, superior a los 500.000 millones.

Trujillo también ha renovado hoy un convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para financiar las acciones de tanteo y retracto de las comunidades autónomas cuando un beneficiario desee vender su VPO a un particular y la Administración quiera quedarse con el inmueble.

La ministra dijo que ahora ninguna comunidad podrá escudarse en la falta de presupuesto para no ejercitar una acción de tanteo y retracto. Puso como ejemplo el presupuesto de la Comunidad de Madrid para estas acciones en 2005, de sólo 350.000 euros, lo que permitiría a la comunidad adquirir no más de tres casas, en una región con miles de VPO.