El Supremo ha declarado pertinentes las pruebas propuestas tanto por la Fiscalía como por la defensa de la diputada, que incluyen en ambos casos el interrogatorio de la acusada, que podrá declarar en catalán como ella ha interesado. Respecto a las cuestiones previas planteadas por la defensa, el auto de admisión de pruebas señala que tendrán respuesta al inicio del juicio de acuerdo al artículo 786.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El escrito de la Fiscalía la acusa a ella y al exdiputado de la CUP Antonio Baños de "desobediencia grave a la autoridad" y solicita que se les imponga "la pena de prisión de 6 meses e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena". Como Reguant es diputada, será juzgada por el Tribunal Supremo.

La dirigente de la CUP explicó que la negativa a responder las preguntas de Vox fue fruto de "una decisión colectiva" de no aceptar la presencia de una organización de extrema derecha como acusación popular en el juicio.