Así lo manifestó la secretaria de Políticas Sociales y Vivienda de UGT, Ana Isabel Gracia, que intervino en la rueda de prensa con el lema ‘Salvemos la Atención Primaria’ que tuvo lugar en la sede de la organización sindical en Madrid.

En ella, recordó que, pese a que la coalición de Gobierno pretendía situar el gasto sanitario en un 7% del PIB , las últimas cifras lo dejan en un 6,6%, situando a España, en términos de gasto absoluto, al nivel de países como Eslovenia o Italia; al tiempo que señaló que en el documento con la previsión de gasto de cara a 2023, España estima el gasto en esta partida en un 6,4% del PIB, y que éste se vería reducido a un 6,2% cuando termine la legislatura y vuelvan a convocarse elecciones.

En este sentido, afeó al Ministerio de Sanidad que no actualice los datos de gasto sanitario desde el año 2019, cuando se situó en un 6,6% del PIB español, lo que lo sitúa en 1.703 euros por persona y año, muy por debajo de la media europea de 2.153 y alejado de los 4.460 de Dinamarca, el país que más gasta en esta partida; y aseguró que esto “ubica a España en un tercer escalón”.

“Es necesario llegar al 7,5% del Producto Interior Bruto para proveer la cohesión del sistema sanitario y que sea gratuito para acceder a las prestaciones adecuadas en cantidad y calidad y cuide y promocione la salud de las personas en todas las esferas”, indicó Gracia.

No obstante, se felicitó por el aumento de gasto en algunos presupuestos autonómicos, pese a lo cual señaló las desigualdades de la partida dirigida a la Atención Primaria. A su vez, puso el acento en la Comunidad de Madrid, a la que señaló por ser la que menos dinero invierte por paciente y año y la que menos aumentará la partida dirigida a la Atención Primaria en sus presupuestos. “El presupuesto necesario para la Atención Primaria debe rondar el 25% del gasto total para sanidad, pero en la mayoría de comunidades se encuentra entre el 11 y el 18%, aseguró.

En este sentido, arguyó también que, pese a que el ‘Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria’ que aprobó el Consejo Interterritorial de Salud del 15 de diciembre incluye la dedicación de presupuesto suficiente a este nivel, financiado por las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, se trata de un “plan insuficiente, lleno de buenos propósitos e inconcreciones sobre la financiación y el personal”, y, por ello, solicitaron al Gobierno un aumento.

En la rueda de prensa también participaron la secretaria de Salud, Sociosanitarios y Dependencia de UGT Servicios Públicos, Ana María Francés Roger; el presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), Manuel Martín; la secretaria de la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (Faecap), Esther Nieto; y el vicepresidente de Medicus Mundi, Enrique Revilla, quienes se mostraron de acuerdo en el declive que sufre la Atención Primaria, en que el sistema es “nacional” y, por tanto, debe ser universal, y en la especial atención que requieren la parte comunitaria y familiar de la Atención Primaria por ser “la puerta de entrada al sistema de salud”.

En la misma línea se manifestó Francés, quien aseguró entender como prioritario “el rescate de la Atención Primaria”, para “detener su deterioro” y que sentenció que “el gran esfuerzo y compromiso de sus trabajadores no bastan para salvarla”. Por ello, exigió al Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas que implementen medidas para salvar la Atención Primaria “antes de que su estado sea irreversible”, y pidió empezar a trabajar en una mejor planificación de los recursos humanos y en una mayor dotación presupuestaria.

Este rescate, a su juicio, debe abordarse, por un lado mejorando la asistencia sanitaria, reconociendo y reduciendo las listas de espera, ampliando la cartera de servicios comunes incluyendo la podología o la salud mental o reforzando la fisioterapia, actualizando y homogenizando el catálogo de pruebas diagnósticas o visibilizando la atención rural; y, por otro, mejorando las condiciones laborales de los profesionales para atraerlos y mantenerlos, aumentando la dotación de recursos materiales y tecnológicos, revisando los cupos y reduciendo la brecha digital.

Además, puso el acento en las plantillas “deficitarias” de los centros de salud, y sobre ella señaló que a esas plantillas ya infradimensionadas se suman los trabajadores sanitarios de baja a causa de la covid o de las consecuencias que ha tenido el aumento de trabajo en su salud mental, lo que ocasiona que, los que resisten, “deban hacer frente a una carga de trabajo ímproba que acabará por afectarles si no se le pone remedio”. A su vez, advirtió de que esta situación descompensará la atención que reciben las patologías crónicas, aumentará la presión de las urgencias y los ingresos hospitalarios y reducirá la calidad de vida de los pacientes.

El presidente de la Fadsp, por su parte, celebró que se haya articulado una alianza social que proteste por la situación de la Atención Primaria, y consideró que los puntos más importantes para mejorarla son, en primer lugar, el aumento del gasto sanitario en esta partida, hasta conseguir que represente el 25% del total del gasto en sanidad (lo que requeriría de 10.000 millones de euros de gasto suplementario que propuso que financiaran a medias las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad).

También, el incremento de los recursos humanos para terminar con los problemas de acceso que tienen los pacientes a sus médicos o enfermeras de confianza, las listas de espera y la disminución de las consultas presenciales. Para ello, estimó la necesidad de 8.000 nuevos médicos familiares y comunitarios en Atención Primaria; 15.000 enfermeros "para afrontar la cronicidad, la dependencia y el envejecimiento”; y 5.000 administrativos, que puedan resolver algunas dudas básicas y contestar consultas telefónicas.

“Es importante incorporar nuevos profesionales a los equipos de Atención Primaria para desmedicalizar la atención y satisfacer las demandas de la población que no son únicamente consultas clínicas y médicas”, concluyó.