Estas cuestiones son algunos de los retos para mejorar la atención de las mujeres con discapacidad victimas de violencias machistas que recoge la 'Guía para Abordar la Violencia de Género contra Niñas y Mujeres con Discapacidad', elaborada por la Secretaría General Iberoamericana y el Programa Iberoamericano de Discapacidad.

Este documento fue presentado en un acto celebrado en Servimedia y contiene todo tipo de consejos sobre prevención de violencia de genero a mujeres con discapacidad y desafíos vinculados al cumplimiento de la Recomendación General Nº4 del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi), órgano encargado de analizar los avances y los desafíos de los Estados ante la violencia contra las mujeres.

Estas personas con discapacidad víctimas de maltrato machista viven una doble vulnerabilidad, por la violencia de genero y por su discapacidad, pero a ello se suman las dificultades con las que se topan en las administraciones y en la sociedad cuando abordan su problema. Uno de estos obstáculos es la justicia inaccesible o la violencia institucional, entre otras.

Así pues, la guía, expuesta por Natalia Guala como integrante del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, muestra recomendaciones que abordan estos y otros aspectos sobre la atención a estas mujeres, como la sensibilización social.

En el caso de institucionalidad, la guía reclama crear equipos interdisciplinarios para el diseño de políticas públicas que traten la violencia de género hacia mujeres con discapacidad de forma especializada, lo cual implicaría contratar y formar personas de diferentes ámbitos para poder abordar esta cuestión de forma más efectiva.

Asimismo, pide la creación de programas, áreas y/u oficinas específicas para el abordaje integral de las violencias hacia mujeres y niñas con discapacidad, la asignación presupuestaria específica para las políticas públicas que traten esta cuestión y la implantación de protocolos de actuación coordinada entre instituciones en casos de este tipo de violencia.

Del mismo modo, la guía aconseja a las instituciones que tengan una comisión redactora de leyes sobre capacidad jurídica de las personas con discapacidad y que formen a estas sobre sus derechos y procesos que puedan vivir para que entiendan sus vivencias y puedan tomar sus decisiones.

En esta línea, se necesitan programas de asistencia económica para mujeres con discapacidad víctimas de violencia machista, el desarrollo de un software accesible y dispositivos de emergencia adaptados, y la apertura de casas de acogida accesibles para mujeres con discapacidad.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, y la mujer con discapacidad victima de maltrato Sendra Claros | Foto de Jorge Villa

JUSTICIA Y CONCIENCIACIÓN

En cuanto al citado acceso a la justicia, que es uno de los puntos más importantes a mejorar en la atención a estas víctimas, el documento recomienda la centralización de canales accesibles de denuncia para mujeres con discapacidad o que haya un patrocinio jurídico gratuito especializado, entre otras cosas.

También se pide que se forme a los profesionales de la justicia sobre las necesidades específicas que puede tener cada víctima con discapacidad y que se implante de forma más efectiva la figura del facilitador procesal que acompañe a mujeres con discapacidad en procesos judiciales.

Precisamente, el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Gobierno de España, Jesús Martín Blanco, aseguró en la presentación de la guía que la figura del facilitador estará próximamente “blindada” en la ley.

Sobre la sensibilización social acerca de estas realidades, la guía recomienda impulsar más capacitación de efectores públicos en género y discapacidad, crear campañas accesibles de sensibilización en medios de comunicación, redes sociales y espacios públicos, y generar materiales informativos accesibles en formatos gráficos, sonoros y audiovisuales.

BUENAS ACCIONES

El documento también da a conocer ejemplos de buenas prácticas para promover el cumplimiento de esta recomendación general del Mesecvi, destacando acciones de países como Chile, Andorra, Argentina, Bolivia y España, entre otros. Una de esas buenas prácticas es la puesta en marcha del ‘Centro de la Mujer Sorda’ en Chile.

Se trata de un centro de atención que ofrece atención y contención a las mujeres con discapacidad auditiva mayores de 18 años en situación de violencia de género, que pueden acceder virtualmente a través de videollamada. Este complementa los servicios que brindan los Centros de la Mujer del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) y usa la lengua de signos u otros medios de comunicación alternativos.

Otro de los buenos ejemplos que recoge la guía es el Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (Sicvg) de Argentina. Es una herramienta del Ministerio de Justicia Nacional para sistematizar la información sobre casos, consultas y/o denuncias por violencias de género que posibilita el análisis estadístico. Funciona a través de una aplicación web y hay listas integradas de consultas y casos que se identifican por tipo y número de documento de la persona en situación de violencia.

DESAFIOS

Finalmente, el trabajo presentado también explica que los desafíos más relevantes en materia de violencia de género y discapacidad, ligados a las recomendaciones ya expuestas, son la falta de consulta con mujeres con discapacidad en el diseño de políticas públicas que las impliquen y la débil formación en enfoque interseccional para funcionarios/as públicos, entre otras cuestiones.

En el acto de presentación de la guía también participaron la delgada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza; la 'influencer' con discapacidad Inés Rodríguez; la cantante Rozalén; y Sandra Claros, una mujer con discapacidad beneficiaria de la Iniciativa Mujeres en Modo ON-VG de Inserta y Fundación ONCE para víctimas de violencia de género, quien relató su experiencia como víctima de violencia machista.

También intervinieron la vicepresidenta tercera del Grupo Social ONCE, Patricia Sanz, y el secretario adjunto Iberoamericano, Frederico Ludovice, quienes compartieron las reivindicaciones descritas y ensalzaron la importancia de esta guía.