En su intervención en una mesa redonda en la ‘VIII Jornada de planes de pensiones en España’ organizada por Ibercaja y ‘Cinco Días’, González de Frutos opinó que la ley de planes de pensiones ligados al empleo promovidos por el Estado no va a tener efectos “ni tan notables ni tan inmediatos”.

Al respecto, la presidenta de Unespa comentó que la ley tendrá una “lenta aplicación” porque, al fijarse que los planes de pensiones ligados al empleo se traten en la negociación colectiva, “la revisión de los convenios salariales va a llevarnos a un periodo no inferior a cuatro o cinco años” y los convenios ya cerrados “no se van a abrir para esto”.

Además, puntualizó que “una cosa es que se incluya en la negociación colectiva y otra cosa es que se acuerde, no hay ninguna obligación de acordarlo”.

González de Frutos contextualizó esta negociación en un momento de inflación elevada que no es “el más favorable” y “tampoco facilita el que se acuerde una distribución salarial diferente entre salario inmediato y salario diferido ni tampoco, claro está, el que se le pida al empresario que además de revisión salarial aporte a una creación de segundo pilar”.

Por ello, concluyó que, pese a que el objetivo de la ley es “muy loable”, al pretender extender los planes de pensiones de empleo para complementar la pensión pública, “la ley se ha quedado muy corta”.

Por otra parte, la presidenta de Unespa insistió en que no se pueden constituir masas de ahorro “si no hay un incentivo fiscal” y defendió que un plan de pensiones “no es un producto de ricos”, sino de clase media,

Por su parte, el presidente de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), Ángel Martínez-Aldama, valoró que la ley ha servido para “mover el árbol para concienciarnos” de ahorrar.

No obstante, se quejó de que se está consiguiendo “destrozar el tercer pilar”, dedicado al ahorro individual, porque se han reducido las deducciones fiscales de éste y las aportaciones se están reduciendo sin beneficiar al segundo pilar, el de los planes de pensiones de empleo.

Sobre ese punto, Martínez-Aldama indicó que entre 2021 y 2022 se van a perder unos 4.000 millones de euros de aportaciones a planes individuales respecto a 2020, mientras que como contrapartida al sistema de empleo han ido “0 aportaciones nuevas”. Con ello, consideró que “no se ha hecho bien” la ley, mientras que el Ministerio de Hacienda “se embolsa” unos 600 millones anuales en beneficios fiscales que “no van a previsión social”.

Desde la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, la subdirectora general de Organización, Estudios y Previsión Social Complementaria, María Francisca Gómez-Jover, valoró que con la ley da acceso a los autónomos a los planes de pensiones de empleo y mantiene los planes preexistentes. “Sí que recoge determinados aspectos que pretenden potenciar esa negociación colectiva” y “toda ahora iniciar esa negociación colectiva”, añadió.