Así se pronunció en una entrevista en RNE recogida por Servimedia, en la que en líneas generales defendió el decreto y su constitucionalidad frente al eventual recurso de la Comunidad de Madrid, pues la norma “tiene amparo en el reglamento de la UE que establece la obligatoriedad del ahorro energético y, además, “tiene como antecedente un decreto de (el expresidente del Gobierno José María) Aznar donde se establecían unas temperaturas mínimas y máximas”.

Según dijo, el PP “se excluye a sí mismo” de sumarse a la convalidación parlamentaria del decreto, para la que atestiguó que las conversaciones ya han comenzado, porque “está actuando de una forma muy irresponsable y frívola” y “siendo cómplice de la pandemia climática” con su “negacionismo”.

Añadió que “es lamentable” que “esté tratando de judicializar este asunto”, cuando además “no tiene ningún plan alternativo” y “no nos han explicado en ningún momento qué harían ellos”. El recurso al TC, en concreto, lo atribuyó a “una estrategia de propaganda barata de Ayuso”, porque “es evidente que esto no va a ningún lado y forma parte del típico comodín al que recurre el PP”. También se sumó al mensaje que vienen repitiendo portavoces del PSOE de que “parece que es Ayuso quien manda en el PP” al hacer al presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, virar su inicial defensa de un plan de ahorro energético.

No obstante, al final de la entrevista, Asens reconoció que el decreto “se podía haber hecho mejor sin duda”. Y, aunque a la vez defendió que la norma contempla “mucha flexibilidad y casuística” y que se ha dialogado con las comunidades autónomas, reflexionó que “no pueden pagar el pato los pequeños establecimientos y los usuarios”. En su lugar, postuló, como suele hacer Unidas Podemos, “quien debe responsabilizarse de esta crisis energética son las grandes empresas, los que contaminan más”; aserto que le sirvió para insistir en introducir “lo más pronto posible” el impuesto a las eléctricas y la banca, objeto de una proposición de ley registrada al alimón por el Grupo Socialista y el confederal.

Por eso, señaló que “hay que esperar unos días para poder un balance de cómo se está aplicando el decreto”, de forma que, “si se detectan algunos defectos, se pueda mejorar”, porque “los ciudadanos no deben ser quienes paguen el coste de ese ahorro energético”, así que “se tiene que hacer una evaluación pronto para ver si estas medidas son eficaces”. Paralelamente, apuntó que “la línea más correcta para controlar este ahorro energético es la gratuidad del transporte público”, y se mostró convencido de que “hay margen” para volver a elevar el salario mínimo internacional y acercarlo al objetivo de situarlo en el 60% del salario medio en España, como recomienda la Carta Social Europea y se comprometieron a hacer el PSOE y Unidas Podemos en su acuerdo de gobierno.