Así lo recoge esta organización en su Informe Anual 2025, titulado ‘Building on the legacy of Louis Braille’, presentado este martes, en el que repasa un año marcado por el bicentenario del código Braille, la incidencia política ante las instituciones europeas y la exigencia de una actualización ambiciosa de la Estrategia Europea sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030.

La memoria sitúa la accesibilidad como uno de los ejes centrales del trabajo desarrollado por la Unión Europea de Ciegos (EBU-Euroblind) durante el último año, especialmente en relación con la aplicación de la Ley Europea de Accesibilidad. La organización advierte de que "esta norma representa un avance, pero mantiene lagunas relevantes en productos de uso cotidiano, como los electrodomésticos con paneles táctiles", que pueden quedar fuera del alcance real de muchas personas con discapacidad visual.

LA EBU pide a las empresas que “se pongan las pilas” para cumplir las nuevas reglas y reclama a los Gobiernos que no se limiten a una aplicación de mínimos. A su juicio, los Estados "deben ir más allá de una transposición estrictamente formal de la normativa europea y cubrir ámbitos que siguen generando barreras en la vida diaria".

La organización recuerda que la accesibilidad no afecta únicamente al uso de servicios digitales o al acceso a páginas web, sino también a la posibilidad de manejar productos domésticos, desplazarse con autonomía, acceder a la cultura, participar en procesos electorales, encontrar empleo o recibir información en igualdad de condiciones.

ESTRATEGIA EUROPEA DE DISCAPACIDAD

El informe subraya que la Comisión Europea (CE) fue, en cierto modo, “víctima de su éxito” con la Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030, ya que las organizaciones del sector "la presionaron para definir una actualización ambiciosa de cara a la segunda mitad de la década". La EBU participó en numerosas consultas relacionadas con esa actualización, así como en revisiones de actos legislativos europeos vinculados a accesibilidad, igualdad, derechos digitales, empleo, movilidad y participación social.

Entre sus prioridades, el informe indica que "figuran la mejora de la accesibilidad audiovisual", la revisión de la Directiva del Tratado de Marrakech, la eliminación de lagunas en la Ley Europea de Accesibilidad, el reconocimiento de la discapacidad en la movilidad dentro de la Unión Europea (UE), la garantía de elecciones europeas accesibles y la lucha contra la llamada “trampa de las prestaciones por discapacidad”. Asimismo refuerza sus demandas para la actualización intermedia de la Estrategia Europea de Discapacidad e insiste en que "la accesibilidad debe abordarse de forma transversal, no como un elemento complementario o secundario".

En el ámbito digital, la EBU destacó que en 2025 impartió formación a escala europea para capacitar a personas ciegas y con baja visión en la identificación de barreras de accesibilidad en páginas web y aplicaciones móviles. El objetivo fue que "los propios usuarios pudieran detectar obstáculos, aportar comentarios constructivos y conocer mejor sus derechos bajo la legislación europea de accesibilidad digital y los marcos internacionales contra la discriminación". Además, defiende que esta línea de trabajo "contribuye a una aplicación práctica de las obligaciones europeas de accesibilidad" y favorece "la participación en igualdad de condiciones en entornos digitales cada vez más presentes en la vida cotidiana".

INCLUSIÓN LABORAL

La EBU asegura que dedicó buena parte de 2025 a trabajar sobre la “trampa de las prestaciones por discapacidad”, una situación que se produce cuando aceptar un empleo remunerado implica perder ayudas o apoyos económicos. Advierte de que este fenómeno "perjudica la inclusión a través del trabajo y dificulta la compensación de los costes adicionales de vida que afrontan muchas personas con discapacidad visual".

Considera que las políticas públicas deben "evitar que el acceso al empleo se convierta en un riesgo económico para las personas con discapacidad". A su juicio, "trabajar no debería implicar perder automáticamente apoyos que no solo compensan la falta de ingresos", sino también los gastos adicionales asociados a la discapacidad.

El informe sitúa así el empleo inclusivo como una de las prioridades de la organización y lo vincula "a la autonomía personal, la igualdad de oportunidades y la participación plena en la sociedad".

La memoria anual también dedica un bloque destacado al bicentenario del código Braille, celebrado en 2025 en todo el mundo, una "oportunidad para reivindicar la vigencia del Braille como herramienta de autonomía, educación, cultura y acceso a la información". Subraya que el Braille no debe verse como una herramienta del pasado, sino como "un sistema vivo que sigue siendo esencial para la alfabetización, la autonomía personal, la educación, el empleo y la participación social".

PERSONAS MAYORES Y BRECHA DIGITAL

El informe también presta atención a las personas mayores ciegas o con baja visión. Una encuesta realizada en diciembre de 2025 por el Foro de Personas Mayores de la EBU identificó "problemas persistentes" como el aislamiento, la soledad, las barreras de transporte y movilidad, las carencias en rehabilitación y salud mental, el apoyo desigual a la vivienda y la brecha digital.

La organización alerta de que esa brecha digital "deja a muchas personas mayores fuera de servicios esenciales", especialmente cuando trámites administrativos, servicios bancarios, citas médicas o información pública se desplazan cada vez más a canales digitales.

A su juicio, la digitalización puede mejorar la autonomía si se diseña de forma accesible, pero también puede convertirse en un nuevo factor de exclusión cuando no tiene en cuenta las necesidades de las personas ciegas, con baja visión o con menor familiaridad tecnológica.

PAPEL POLÍTICO

Desde el punto de vista estratégico, la memoria señala que una prioridad clave para la presidencia y la dirección ejecutiva de la EBU ha sido garantizar que "la organización siga siendo fuerte y cuente con recursos adecuados para operar también en los próximos años".

También realizó una evaluación externa de mitad de periodo de su Plan Estratégico. El informe de evaluación reconoce “fuertes avances en visibilidad y participación” y la consolidación de “un papel creciente en debates a escala de la UE”. Además, señala que la huella de incidencia de la EBU "se está expandiendo y que la participación de sus miembros se encuentra en su nivel más alto de los últimos años".

TRATADO DE MARRAKECH

El informe también aborda la evaluación de la Directiva del Tratado de Marrakech, pensada para facilitar el acceso de las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso a obras en formatos accesibles. La EBU recuerda que la CE no consideró necesario eliminar la posibilidad de que existan sistemas nacionales de compensación para titulares de derechos. Sin embargo, también destaca que la propia Comisión observó que la directiva "no tiene un impacto negativo en la disponibilidad comercial de obras en formato accesible y que no queda socavada por la Ley Europea de Accesibilidad".

La organización destacó la importancia de garantizar una financiación estable y suficiente para las entidades autorizadas que producen o distribuyen obras en formatos accesibles, especialmente en aquellos países donde existen sistemas de compensación.