El texto, al que ha tenido acceso Servimedia, toma como referencia la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como la juridisprudencia española y las normativas universitarias a nivel nacional (LOSU) y andaluz.

En su redacción, la Universidad de Córdoba asume el "compromiso institucional" de facilitar al Personal Docente e Investigador (PDI) "los apoyos, recursos y ajustes razonables necesarios para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos en condiciones de igualdad".

Este reglamento tiene como objeto establecer "medidas de acción positiva" que aseguren "un entorno de trabajo inclusivo, accesible y libre de discriminación", de conformidad con los principios de "equidad, justicia social y respeto a la diversidad que rigen la actividad universitaria".

PLENA INCLUSIÓN

También tiene el objetivo de garantizar la "plena" inclusión, "real y efectiva", del PDI, funcionario o contratado laboral, que tenga reconocida una discapacidad igual o superior al 33% y/o necesidades específicas debidamente acreditadas.

El reglamento, que contempla un abordaje transversal desde distintos departamentos de la Universidad de Córdoba, destalla medidas relativas a la compatibilidad docente, flexibilidad horaria o la reducción del encargo docente, algo que supone más que garantizar plazas de aparcamiento adaptadas y reservadas de forma suficiente para estos trabajadores y la accesibilidad de las instalaciones.