El pacto fue suscrito y presentado por los portavoces parlamentarios de ambos partidos, Ana Alós por el PP y Alejandro Nolasco por Vox. Por el contrario, no estuvo presente el líder de los populares, Jorge Azcón, que a partir de este acuerdo espera ser investido presidente del Gobierno autonómico en el debate que acogerán las Cortes de Aragón los días 9 y 10 de agosto.

El vicepresidente de dicho Ejecutivo será el propio Alejandro Nolasco, en virtud de lo consensuado por PP y Vox. Además, tendrá las competencias de consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, si bien su partido tendrá además otra cartera de Agricultura y Ganadería, mientras que las políticas de Medio Ambiente se las queda el PP.

De acuerdo al texto, la coalición apoya además votar conjuntamente al senador autonómico que propongan los populares, sea de uno u otro partido. En Sanidad, el primer apartado, propone abordar las listas de espera y “atajar” los problemas relativos al nuevo pliego del transporte sanitario urgente, que Azcón prometió modificar en los primeros 100 días de su mandato.

El segundo punto es la educación, donde garantizarán “la libertad de elección de centros” y sacar “la ideología de las aulas”, así como impulsar nuevos grados universitarios en Huesca y Teruel. En Bienestar y Familia, el nombre que recibirá la antigua Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales, se incluirá la nueva Dirección General de Familia, Infancia y Fomento de la Natalidad. Asimismo, se incluyen incentivos fiscales y deducciones en el IRPF por adopción o nacimiento de niños.

VIOLENCIA “MACHISTA E INTRAFAMILIAR”

El apartado tres contempla la reforma de la conocida como Ley Trans aragonesa y trabajar por erradicar los discursos y la violencia machista, así como la “intrafamiliar”. Aunque no es una cuestión autonómica, acuerdan instar al Gobierno de España a “identificar a los violadores que han salido en libertad por la ley del solo sí es sí”. Se comprometen, en la misma línea, a estudiar el aumento de las agresiones sexuales “para determinar las causas y elaborar perfiles repetidos de los agresores”.

La política impositiva, cuarto punto, está marcada por la lucha contra lo que denominan “infierno fiscal”. Así, prometen rebajar medio punto el IRPF hasta los 50.000 euros, para que la tributación de las familias aragonesas con ingresos medios y bajos “se sitúe en la media española”. Igualmente, contemplan reducir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones con una bonificación del 99% entre padres, hijos, abuelos y cónyuges. Sin derogar el de Patrimonio, de entrada, sí plantean elevar “el mínimo exento a los 700.000 euros”. También quieren bajar el de Transmisiones Patrimoniales al 6% y el de actos jurídicos documentados el 0,75%.

En Empleo, Industria y Comercio, el objetivo global es incentivar la actividad empresarial mediante ayudas para combatir los efectos de la inflación. El sexto epígrafe, “simplificación administrativa”, plantea elaborar “un informe detallado” para identificar “los organismos supérfluos que dependen de fondos públicos” para su “inmediata disolución”. Es el caso de los comisionados para la Agenda 2030, Infancia y Despoblación, en el departamento de Presidencia.

PLAN PIRINEOS Y OBRAS HIDRÁULICAS

La agricultura y el medio rural tienen un apartado exclusivo, que contempla un plan de choque contra la sequía e incentivos fiscales en el IRPF para este tipo de actividades. Aquí se recoge la inversión de 250 millones en el Plan Pirineos que presentó Alberto Núñez Feijóo en Huesca y la “reordenación y planificación” del despliegue de las renovables, con el que ellos y otros grupos de la oposición han sido muy críticos.

Para Infraestructuras y Medio Ambiente, el apartado número ocho, se refieren a la reapertura del Canfranc, el Corredor Cantábrico-Mediterráneo y el “desarrollo íntegro de todas las obras de regulación hidráulica para garantizar la reserva hídrica” que contempla el Estatuto de Autonomía. No hay, por tanto, una mención expresa al trasvase ni la interconexión de cuencas, como sí hacen con la modernización y ampliación de los regadíos.

OKUPACIÓN Y LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

La lucha contra la ocupación ilegal tiene otro apartado dedicado como “objetivo prioritario”, tanto utilizando la normativa autonómica como instando al Ejecutivo Central a tomar medidas. En el décimo y último, llega otro de los puntos destacados y polémicos con la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, la supresión de la Dirección General de Política Lingúística y las ayudas a entidades sin ánimo de lucro en esta misma materia, como la Academia de la Lengua Aragonesa.

Durante la presentación del acuerdo en rueda de prensa, Ana Alós y Alejandro Nolasco tuvieron que hacer frente a dos temas espinosos: el trasvase del Ebro o la “interconexión de cuencas” planteada por los de Santiago Abascal en otras regiones como Valencia y las políticas de igualdad.

Nolasco no quiso responder abiertamente sobre el trasvase, sino que se limitó a repetir, como reza el pacto, que impulsarán “el desarrollo íntegro de las obras hidráulicas” para garantizar la reserva de agua contemplada por el Estatuto. “Vamos a defenderlo con uñas y dientes”, añadió Alós, asistiendo a su homólogo de Vox, algo que ha sucedido varias veces a lo largo de la comparecencia. “Lo que está en el acuerdo, está. Hablar de futuribles es aventurarse”.

Respecto a las políticas de igualdad, PP y Vox optaron en la Comunidad Valenciana por hablar de “violencia intrafamiliar”, como también figura en el de Aragón, aunque sin solapar la machista. En este sentido, la portavoz popular reiteró que “existen ambas” y que este lucha no va a dejar de ser una prioridad. De hecho, de entrada no se ha planteado la derogación de la ley de violencia de género ni la desaparición del Instituto Aragonés de la Mujer. Sobre si Azcón asumirá personalmente las competencias de Igualdad como María Guardiola en Extremadura, se limitó a decir que "va a tener un papel fundamental”.

Los portavoces no disiparon las dudas sobre la organización de los departamentos, un tema sobre el que se arrojará luz a lo largo de la próxima semana tras la investidura, con la designación de los consejeros. Lo que sí está claro es que solo serán de PP y Vox, descartando por tanto la entrada del PAR, con quienes los populares continúan dialogando, dejando abierta la posibilidad de obtener alguna dirección general, algo a lo que no se ha cerrado en ningún momento su diputado electo, Alberto Izquierdo.

Lo que sí explicaron es que, además de la vicepresidencia en manos de Vox, habrá otra para el PP. En la misma línea, explicaron que someterán a un análisis los organismos considerados a su juicio “supérfluos”. Si no son “viables”, en palabras de Alós, se eliminarán. De entrada, el acuerdo contempla suprimir la dirección de Política Lingüística y los comisionados para la Agenda 2030, Infancia y Despoblación, y podría seguir los mismos pasos la Academia Aragonesa de la Lengua.

Tras las negociaciones, interrumpidas por las elecciones generales, Nolasco y Alós expresaron su deseo de continuar con el clima de entendimiento. Se trata de un pacto, dijo la diputada autonómica del PP, que en pocos días se muda al Congreso, “con vocación de globalidad para dar estabilidad al conjunto de las administraciones”. También trasladaron el deseo y la seguridad de que no se producirán injerencias de las direcciones nacionales de los partidos, después de meses con conversaciones por el Pignatelli tanto en la Aljafería como en Madrid.