En un comunicado, el Grupo Municipal Vox exigió el aumento de esta moratoria también a los vehículos que no sean de distribución “hasta que los tribunales tomen una decisión definitiva respecto a ‘Madrid Central’ y su desmedida política de prohibiciones, restricciones y sanciones”.

Desde Vox, “conscientes de la importante problemática que para los madrileños y el sector del transporte y distribución de mercancías representa la aplicación de las nuevas prohibiciones de acceso a ‘Madrid Central’ el próximo día 1 de enero”, habían exigido, entre otras medidas, una moratoria para que los vehículos de hasta 3.500 kilos con etiqueta B pudieran acceder al centro de la ciudad.

Vox recordó que el alcalde “esgrimía una serie de argumentos que se acaba de demostrar que eran falsos y de mero interés político y electoralista. El primero, “el de la imposibilidad legal de establecer una moratoria o modificar la Ordenanza de Movilidad, el alcalde repitió una y otra vez que ‘Javier Ortega sabe que legalmente no se puede hacer’”. El segundo, “que la Ley de Cambio Climático no lo permitía"; y el tercero, "que la Unión Europea impondría severas sanciones si esto se hacía”.

Por ello, el Grupo Municipal celebró el “cambio de actitud” del equipo municipal frente a las prohibiciones y restricciones del ‘Madrid Central’ en la dirección marcada por Vox. Sin embargo, “aún queda mucho camino por recorrer, pues una vez demostrado que la Ordenanza de Movilidad es modificable y se pueden establecer moratorias se debe ayudar no sólo a transportistas y profesionales, sino a los madrileños más vulnerables así como a aquellos trabajadores, autónomos, estudiantes, etc. que cada día vienen a Madrid a cumplir con sus obligaciones diarias, que son propietarios de vehículos sin etiqueta, conocidos como vehículos A, y les es imposible acceder a un vehículo eléctrico o híbrido por su elevado coste”.

Vox aseguró que el equipo de Gobierno ha tomado esta decisión “no por convicción, sino obligado por la realidad frente a una Ordenanza que establecía condiciones de imposible cumplimiento para los transportistas, lo hace de una forma encubierta mediante una enmienda a la Ordenanza de Limpieza”.

“Una forma política de tirar la piedra y esconder la mano, cuando parece ejercer de gobierno y oposición al mismo tiempo, presentando modificaciones de su propia ordenanza para facilitar la distribución de mercancías frente a la normativa en vigor, impuesta por ellos mismos”, criticaron.

Por último, denunciaron el “trilerismo político en el que se ha embarcado el alcalde y su equipo”, que “no hace más que demostrar lo que Vox ha venido defendiendo, la falta de preocupación por los madrileños colocando por delante de sus intereses el fanatismo climático y una alejada gestión de las necesidades reales de los madrileños en la prima un claro afán recaudatorio”.