En concreto, Vox propone una modificación del artículo 104 del Reglamento de la Cámara Alta para que los proyectos y proposiciones de ley aprobados por el Congreso y remitidos por este al Senado se publiquen y distribuyan "inmediatamente entre los senadores”. La documentación complementaria, si la hubiere, podrá ser consultada en la Secretaría de la Cámara.

También aboga por que cuando llegue al Senado una proposición de ley aprobada por el Congreso, en caso de no haberse incorporado los informes, uno o más senadores puedan reclamar su incorporación antes de continuar su tramitación. La Presidencia de esta Cámara solicitaría los aludidos informes y, hasta que se recibieran, quedaría suspendida la tramitación de la proposición de ley.

Es decir, el partido de Santiago Abascal busca con esta propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara Alta evitar que el Gobierno “pueda hacer uso de los grupos parlamentarios que lo soportan” para “manipular la iniciativa legislativa de las propias Cámaras” presentando proposiciones de ley para evitar los informes técnicos.

En la iniciativa, Vox denuncia que desde “hace tiempo” se “vienen admitiendo con naturalidad ciertas deformaciones en la relación constitucional entre el Gobierno y las Cortes Generales”. Un ejemplo de ello, expone, es el “uso fraudulento” de la figura de la iniciativa parlamentaria de la proposición de ley, con el fin de evitar los informes que se exigen a los proyectos de ley.

Denuncia que la producción legislativa por parte del Gobierno a veces puede efectuarse de un modo “irregular”, utilizando a los grupos parlamentarios que lo apoyan para presentar proposiciones de ley que no están sujetas a las mencionadas obligaciones documentales. Se consigue así el mismo efecto del proyecto de ley, sin estar sujeto a sus limitaciones.

Esta tendencia, según Vox, alcanzó “cotas de verdadera degradación institucional” con varias iniciativas legislativas de la XIV Legislatura, llegando quizá al “paroxismo” con la proposición de ley para eliminar la sedición y modificar el delito de malversación, un “pago político” al Ejecutivo de entonces al separatismo catalán.

La utilización del cauce de la proposición de ley, para el partido de Santiago Abascal, pudo considerarse “un verdadero fraude” para evitar los informes de altos órganos consultivos que “habrían evidenciado con toda probabilidad la verdadera naturaleza de la iniciativa”.