Díaz fue más nítida que nunca en su intervención en un mitin de campaña de Illueca y Unidas Podemos en el centro cultural Las Cigarreras, en Alicante, ante unas mil personas. Tras insistir en que el PP “no tiene proyecto” y sólo quiere “alcanzar el poder por alcanzarlo” y advertir de que “no se lo podemos consentir”, afirmó: “Las elecciones se dirimen aquí. Tenéis una gran responsabilidad, enorme”.

“La partida se juega aquí con nombre y apellidos”, prosiguió, concretando: “Héctor Illueca”. Dijo que la garantía de que se reedite el Gobierno del Botanic se llama como dicho candidato, en alusión a que, según las encuestas, si Unidas Podemos no consiguiera el 5% de voto necesario para obtener representación parlamentaria, podría obtener mayoría la derecha.

Por eso, quiso “hacer un llamamiento a la concentración del voto”, porque “es ciencia” que “si no alcanzamos el objetivo, van a gobernar ellos”. Y sentenció: “Este voto se llama Unides Podem y ese nombre se llama Héctor Illueca”. Es decir, tácitamente desaconsejó votar a Compromís y a su candidato, Joan Baldoví, aliados claros de Díaz para promover el proyecto de Sumar, una toma de partido que no ha sucedido en la Comunidad de Madrid entre Unidas Podemos y Más Madrid.

Illueca, nada más comenzar su intervención, se encargó de que ese respaldo explícito no pasara desapercibido: “Quiero agradecerle a Yolanda Díaz esta tarde su apoyo aquí”. Ahora bien, él dio por hecho que Unidas Podemos entrará en el Parlamento valenciano al superar el umbral del 5% de votos.

Y, aunque repitió las palabras de la vicepresidenta de que se trata de “una batalla que se va a librar aquí”, las reinterpretó: “En el corazón de la gente”. Y concretó, lejos de la necesidad de obtener representación parlamentaria: “La batalla de la correlación de fuerzas” en el seno del Gobierno autonómico, que esta legislatura ha presidido el PSOE con Compromís como segundo socio y Unidas Podemos como tercero.

OTROS MENSAJES

Antes de mojarse tan claramente por Illueca, después de que hace meses, al ser elegido Baldoví candidato de Compromís a la Presidencia de la Generalitat, ella confesara que quería “que gane”, Díaz frecuentó otros de sus mensajes habituales de la campaña. Como suele hacer, abanderó la política útil, y en este aspecto situó a Illueca y a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, como los dos gobernantes que más han hecho por el derecho a la vivienda.

En el ámbito laboral, y estando en Alicante, no olvidó homenajear a las aparadoras de calzado y reclamó la mejora de sus condiciones, lo que fue saludado con aplausos por algunas de ellas, presentes en el acto, y otros espectadores. Más en general, una vez más negó que los salarios de los trabajadores sean culpables de la inflación y de la destrucción de empleo, en particular los jóvenes “expulsados de nuestro país” y “privados" de derechos.

Los causantes de la inflación serían, repitió, “esos enormes márgenes empresariales que se multiplican por siete”, como habría atestiguado el propio Banco de España. Por eso, llamó a actuar para subir los salarios, de ahí el observatorio de márgenes empresariales que ya propuso hace dos sábados en Barcelona para subir en consecuencia los salarios de sus empleados.

La ministra de Trabajo volvió a defender los ERTE durante la pandemia de covid como “la mejor protección social de la historia de la democracia” y la reforma laboral, que habría permitido que más de la mitad de los trabajadores valencianos sean ya indefinidos. Para desmentir que falte mano de obra en la hostelería, aseguró que se hacen al mes 1,7 millones de horas extra en España, de las que sólo se retribuyen una de cada tres. “Lo que es verdad es que hay abusos”, concluyó. “No se están cumpliendo los derechos laborales”.

Respecto a las pensiones, tras reivindicar su actualización de acuerdo al IPC, llamó a dar un paso más y “seguir organizándonos” para evitar que en ciertas ocupaciones se siga trabajando más allá de los 65 años, como ya hizo esta mañana en San Sebastián. Y aseguró que la izquierda ha demostrado que gestiona mejor que la derecha, con un superávit de 4.500 millones en el Servicio Público de Empleo.