Así lo subrayaron en un comunicado en el que también reivindicaron una financiación pública “suficiente” y llamaron a “mejorar” el texto en el trámite parlamentario en torno a “elementos también relevantes”.

Entre las cuestiones más “destacadas” de la reforma, en concreto, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, resaltaron que el proyecto de ley haya incluido acordar con las comunidades autónomas unos criterios comunes en todo el Estado para regular el copago que asumen las personas beneficiarias.

“Se da cumplimiento así al compromiso genérico incorporado en el Acuerdo de Diálogo Social por el que se definió el Plan de Choque en 2021 para la reactivación de la implantación del SAAD suscrito en su momento por el Gobierno y las organizaciones sindicales y empresariales”, señalaron.

En paralelo, indicaron “supone también un evidente avance” recogido en el proyecto de ley los elementos que se han “corregido” respecto de sus primeros borradores en relación con la garantía de atención profesional con la que se prestarán los nuevos servicios de cuidado en domicilio, “estableciéndose un plazo máximo de un año para que se concreten por acuerdo con las comunidades autónomas”.

CALIDAD DEL EMPLEO

Junto a ello, mencionaron también la inclusión de un “amplio” apartado en la nueva ley que regulará la calidad del empleo en el sistema de dependencia, al entender ésta como la “mejor garantía de atención de las personas beneficiarias de los servicios de dependencia”.

“Destaca en este punto el compromiso de que la totalidad de las plantillas deben contar con la cualificación profesional adecuada, así como que todas las empresas y entidades que operen en el sector cuenten obligatoriamente con ratios de plantilla suficientes, distinguiendo a la totalidad del personal que debe participar en la atención, de modo que se prevén tanto ratios globales como ratios de atención directa”, abundaron.

No obstante, hicieron hincapié en otras cuestiones que, a su juicio, “deberían mejorarse” en el trámite parlamentario para “garantizar” que el sistema de dependencia “mantiene su apuesta por la calidad de la atención basada en la atención preferente mediante servicios profesionales”.

“Consideramos que el proyecto de ley insiste, una vez más, en la flexibilización de los requisitos que se establecen para reconocer la prestación económica de cuidado familiar, ahora desvinculándola no sólo del vínculo familiar sino también de la propia convivencia con la persona dependiente.”, reivindicaron, al tiempo que advirtieron de que esta opción “debería habilitarse únicamente a entornos rurales, donde la proximidad e inmediatez está garantizada y es más difícil poder recurrir a otro tipo de prestaciones profesionales”.

PREOCUPACIÓN

Asimismo, compartieron la “conveniencia” de introducir en la nueva definición de servicio de atención residencial los elementos relativos al nuevo modelo de atención centrada en la persona, si bien abogaron por mantener la referencia a que “el servicio de atención residencial debe ofrecer, desde un enfoque biopsicosocial, servicios continuados de carácter personal y sanitario”.

“Suprimir la referencia a la atención sanitaria en las residencias redundará en una reducción de la calidad de la atención que hoy ofrecen estos servicios”, sentenciaron.

FINANCIACIÓN SUFICIENTE

Por último, demandaron incluir un “compromiso” de financiación pública “suficiente” y echaron en falta “una referencia expresa a ninguna medida orientada al fortalecimiento y a la suficiencia de la financiación pública del sistema”.

En su opinión, “debe garantizarse el cumplimiento del espíritu de la Ley de dependencia” y la financiación pública “ha de ser suficiente sin necesidad de acudir a una participación igual de relevante al copago”.

“Igualmente ha de garantizarse que en dicha financiación pública deben participar a partes iguales el Estado y las comunidades autónomas”, apostillaron, al tiempo que alertaron respecto a la “insuficiencia” que supone que el total del gasto destinado a financiar el sistema de dependencia “se limite al 0,8% del PIB cuando el resto de los países de nuestro entorno destinan entre el 1,5% y el 2%”.