Así lo advirtió su presidente, Ignacio Fernández-Cid, en un comunicado en el que calificó dicha reforma como “una declaración de intenciones bienintencionada pero completamente alejada de la realidad del sector”.

Desde la FED se reconoce el “valor simbólico” de “cualquier medida que busque favorecer el envejecimiento en el domicilio y ampliar los derechos de las personas en situación de dependencia y discapacidad”, si bien, para Fernández-Cid, “estamos ante una carta a los Reyes Magos”, dado que se trata de “un planteamiento ideal, pero no es realista”.

“No se acompaña de los recursos económicos ni humanos necesarios para convertir estas intenciones en políticas efectivas”, abundó, dado que, a su entender, carece de una “planificación clara” para la formación y la incorporación del personal que permita afrontar las necesidades de cuidados en el próximo lustro y que el Imserso cifra en unas 260.000, “ni se han definido cupos para la incorporación de profesionales formados en el extranjero”.

Para Fernández-Cid, “es muy positivo hablar de nuevos servicios para facilitar que las personas permanezcan en su hogar”, pero, “si no se garantiza su financiación, estamos creando falsas esperanzas”.

Además, la FED puntualizó que la financiación del sistema “sigue recayendo de forma mayoritaria en las comunidades autónomas”.

DOTACIÓN SUFICIENTE

Por todo ello, instó al Gobierno a “acompañar” cualquier reforma normativa con una dotación presupuestaria “suficiente” y un plan “realista” para la incorporación de profesionales al sector.

“Sin recursos económicos ni planificación laboral, esta reforma es un mero brindis al sol; una promesa vacía que pone en riesgo la estabilidad del sistema y la confianza de las familias”, apostilló.

Tras deslizar que la ley “engloba tres colectivos muy distintos”, como son personas con discapacidad, personas en situación de dependencia y menores, la federación estimó que “no resulta coherente ni adecuado abordar, dentro de una misma reforma legislativa, realidades tan diversas, con características, necesidades y problemáticas específicas que requieren un tratamiento normativo diferenciado y adaptado a cada colectivo”.