Así lo manifestó la presidenta del Cermi Cantabria, Mar Arruti, durante su comparecencia en la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social del Parlamento de Cantabria, con el fin de hacer una valoración de la ley y exponer las principales demandas del sector de la discapacidad no incorporadas en el texto legal.

En su intervención, Mar Arruti reclamó la ampliación de tres a seis años de edad la atención temprana y su desarrollo desde un modelo social con la implicación de entidades de discapacidad, así como fijar porcentajes “ambiciosos” de reserva de contratos de las administraciones con centros especiales de empleo de iniciativa social, al menos entre el 7% y el 10%.

También pidió implementar un modelo de servicios sociales sostenible, centrado en la persona y orientado a la promoción de la autonomía personal, ejercicio de derechos y participación en la comunidad. Además, planteó la necesidad de evolucionar de un modelo de sustitución de la capacidad de obrar a un modelo de apoyo en la toma de decisiones.

Asimismo, hizo hincapié en la importancia de establecer medidas que garanticen el cumplimiento de la Ley, y con ello, el ejercicio de derechos por parte de las Personas con Discapacidad, tanto las de acción positiva como el régimen sancionador.

En todo caso, la responsable del Cermi Cantabria ensalzó el hecho de que se vaya a aprobar una ley de estas características demandada desde 2014, “habiendo recogido el Gobierno muchas de las peticiones que hemos realizado desde las organizaciones del sector de la discapacidad, como por ejemplo, la creación del Consejo Autonómico de las personas con Discapacidad para el seguimiento de la aplicación de la futura ley, tras un intenso trabajo desarrollado durante 2016 y 2017 con participación activa de personas que forman parte de las comisiones de trabajo de Cermi Cantabria”.

Igualmente, Mar Arruti manifestó su deseo de que sea una Ley de consenso y que se despliegue con un alto grado de compromiso por todas las partes implicadas y con un enfoque transversal en las normas y políticas que se desarrollen, y por supuesto, con partidas específicas en los Presupuestos del Gobierno cada año que la hagan efectiva.

Por último, la presidenta de la plataforma representativa de la discapacidad en Cantabria compareció también para exponer las principales cuestiones relacionadas con la Ley de Igualdad efectiva entre Hombres y Mujeres, que también se está tramitando en el Parlamento.

En este sentido, mostró su satisfacción por el hecho de que se haya incorporado la perspectiva de la discapacidad, “ya que las mujeres y niñas con discapacidad sufren una discriminación múltiple, derivada del hecho de ser mujer y de tener una discapacidad”.

En esta línea, solicitó una modificación de la Ley integral para la prevención de la violencia contra las mujeres de Cantabria, que no contiene ninguna previsión específica en relación a las mujeres con discapacidad ni a la accesibilidad.