Así se puso de manifiesto durante la mesa redonda ‘La educación inclusiva, un horizonte irrenunciable’, organizada por la agencia Servimedia y la publicación ‘Cermi.es semanal’, que fue moderada por el director general de la agencia de noticias, José Manuel González Huesa.

Isabel Martínez Lozano, experta en cuestiones sociales, recordó que desde Fundación ONCE se hizo un estudio que ponía de manifiesto que una parte importante del profesorado reconocía no tener suficiente formación para atender a estudiantes con necesidades especiales.

Por ello, apostó por seguir el modelo de países como Portugal, donde, según detalló, el 98% del alumnado con discapacidad ya está matriculado en la educación ordinaria, al tiempo que aseguró que el sistema educativo “tiene que ser capaz de educar a cada alumno en función de sus necesidades y con los apoyos que necesite”.

Además, pidió que se plantee un “debate serio” cuando concluya el período electoral actual y comentó que para avanzar hacia la inclusión hace falta un pacto de Estado en educación, porque “no ayuda que cada cuatro años se ponga una ley distinta sobre la mesa”. A su juicio, “la crisis ya no puede ser una excusa” para que se proporcionen más recursos y se pueda seguir avanzando en materia de inclusión.

En este sentido, Marta Medina, doctora en Pedagogía y técnica en inclusión educativa, defendió que si bien hacen falta más recursos en el sistema de enseñanza, “la educación inclusiva no es mucho más cara”. Eso sí, matizó que “puede haber recursos, pero si en la práctica no se cree en la inclusión, no se avanza”. En su opinión, “si las escuelas ordinarias fueran realmente inclusivas, casi todo el mundo querría ir a ellas”.

“El profesorado debe sentirse seguro y es importante capacitarlo de la manera que sea para que se sienta seguro ante una clase diversa. Los docentes deberían verlo como una oportunidad, un modo de mejorar la práctica docente”, abundó Marta Medina.

María Antonia Casanova, experta educativa, dijo que “más inversión no produce siempre más calidad cuando el sistema tiene una estructura más estable y consolidada. Pero cuando hay que cambiar esa estructura, para lo que hace falta poner nuevos recursos, hay que pensar en un poco más de inversión para ver qué apoyos se necesitan para poder atender a todos”.

Por último, María José Alonso Parreño, doctora en Derecho y madre de una persona con discapacidad, aseguró que “hace falta un mínimo del 5% en gasto educativo” y explicó que si se hicieran más colegios adaptados para atender a la diversidad se ahorrarían costes que se dan en materias como el transporte de alumnos cuando no tienen colegios preparados en su entorno.