En un comunicado, aseguró que el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicado ayer sobre la mala distribución de las ayudas públicas respalda esta demanda.

Por este motivo, el presidente de la Confederación, Santiago López, envió las conclusiones de un estudio -elaborado por Plena Inclusión y Fresno Consulting sobre la "insuficiente cobertura del sistema social" para con las personas con discapacidad y sus familias- a los ministros de Seguridad Social y de Trabajo, Jose Luis Escrivá y Yolanda Díaz, respectivamente

La confederación que agrupa a 935 asociaciones denuncia una situación injusta: “Históricamente las familias han asumido los costes y el mayor esfuerzo para afrontar sus necesidades cotidianas”. En su opinión, "a menudo se confunden los apoyos para afrontar los obstáculos de la discapacidad con los recursos para sostener una vida digna".

Según estimaciones de Plena Inclusión, una familia con una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo en su seno debe asumir un sobrecoste económico anual que fluctúa entre 24.000 y 43.000 euros. "A esta dificultad hay que añadir la exclusión sistemática del mercado de trabajo de este colectivo", agregó. Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo presentan la tasa de actividad más baja del mercado laboral español, con un 31%, y una tasa de desempleo del 37,5%.

Por ello, la confederación defiende considerar a estas personas de manera independiente a la del núcleo familiar -aunque vivan aún en él- a la hora de recibir la renta mínima de inserción. También propone aumentar de manera significativa las prestaciones por hijo a cargo y la pensión no contributiva; impulsar un tratamiento fiscal más favorable para este colectivo; aprobar medidas de discriminación positiva para las personas con especiales dificultades de empleabilidad; incrementar las subvenciones a su contratación (hasta el 75% del SMI) y permitir la compatiblidad entre empleo y ayudas sociales.