La iniciativa solicita al Ejecutivo que promueva y coordine, junto con el resto de las administraciones, las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía e inclusión social de las personas con discapacidad en el ámbito del deporte, atendiendo particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad y eliminando los obstáculos que se opongan a su plena inclusión.

El texto reclama que se considere de interés general el deporte inclusivo de personas con discapacidad y los programas que lo promuevan, para lo cual el Consejo Superior de Deportes (CSD) debería establecer un plan anual de actividades en colaboración con otras administraciones y con las federaciones deportivas nacionales.

Además, aboga por que el CSD promueva que federaciones deportivas españolas impulsen la creación una Comisión de Inclusión que fomente y ponga en marcha el deporte adaptado en cada una de las disciplinas deportivas.

Solicita que el CSD inicie, en colaboración con otras administraciones, federaciones deportivas y agentes sociales implicados, un plan de formación sobre deporte adaptado e inclusivo que permita mejorar la formación y especialización en deporte y discapacidad de los profesionales educativos, deportivos, entrenadores, técnicos federativos...

También propone que continúe el Programa Deporte Inclusivo del CSD y se dote de mayor visibilidad nacional para facilitar una mayor adhesión de las empresas, organismos y entes que colaboren con su difusión y desarrollo.

Yolanda Seva, del PSOE, indicó que "la actividad física y los hábitos saludables son factores esenciales para la plena inclusión en la sociedad", y apuntó que la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad establece las medidas que los Estados deben adoptar para que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas.

Asimismo, comentó que un real decreto legislativo de 2013, que aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, establece el mandato a las administraciones públicas de proteger de forma especialmente intensa los derechos de las personas con discapacidad en el acceso al deporte y al ocio.

Por otro lado, tres enmiendas fueron presentadas a la proposición no de ley, a cargo del PP, Vox y Ciudadanos, ninguna de las cuales fue aceptada por Seva. Juan Luis Pedreño, del PP, explicó que la enmienda de su grupo era para que se retire la petición de la Comisión de Inclusión porque ya existe una Mesa del Deporte Inclusivo liderada por el Consejo Superior de Deportes (CSD).

Rafael Fernández-Lomana, de Vox, subrayó que la enmienda de su grupo era para solicitar que "todas" las federaciones deportivas cuenten con "una sección de discapacidad", la cual debería tener "la capacidad suficiente para la cesión de material adaptado y así evitar que los padres de los niños estén como hasta ahora, dependiendo de las fundaciones", y que el CSD tendría que "obligar" a las entidades federativas a crear esos apartados de discapacidad.