Queiruga realizó estas afirmaciones en la inauguración del Congreso de Accesibilidad y Vida Independiente: Hábitat e Innovación Inclusivas (CAVI21) de Cocemfe, que se celebra en Madrid.

Según apuntó, en el encuentro se abordarán distintas fórmulas para garantizar a las personas con discapacidad la autonomía personal y “la transición también a formas de vida inclusivas y comunitarias”.

“Para desarrollarnos como personas, es necesario poder elegir nuestro lugar de residencia, dónde queremos vivir”, apuntó, y esto implica “soluciones alternativas” que aún no están disponibles.

A su juicio, “hablar de desinstitucionalización es tomar las riendas de nuestras vidas”, garantizar el respeto a las decisiones de las personas con discapacidad y asegurar “los apoyos que precisen para ello”. Una posibilidad en este sentido “puede ser la vivienda compartida, a medio camino entre la residencia y el domicilio privado”, declaró Queiruga.

Consideró que Esta ofrece “un proyecto de vida en comunidad y permite evitar la soledad no deseada”, al tiempo que proporciona una garantía de apoyos a las personas con discapacidad que allí habiten.

Sin embargo, prosiguió, para otras personas lo ideal “puede ser continuar en su casa, adecuadamente adaptada y con los pequeños apoyos que necesiten”. Finalmente, la residencia será “el recurso que prefieren otras personas, que tal vez necesitan un apoyo mayor, reflexionó.

La clave, en su opinión, está en permitir a las personas con discapacidad elegir entre muy distintas opciones, en función de sus gustos, preferencias y necesidades, algo que no sucede en la actualidad.

En este sentido, Queiruga criticó “las rígidas normas que imponen las comunidades autónomas, que prácticamente no permiten ninguna toma de decisiones a las personas que viven en residencias”.

Señaló que muchas de ellas no “disponen de medios económicos para optar a otros recursos, y destacó que “tener a disposición en la comunidad todos estos recursos habitacionales forma parte del derecho a la vida independiente recogido en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008.

ACCESIBILIDAD

En el congreso se tratarán también las características específicas que deben reunir los entornos para ser considerados inclusivos, con especial atención a los requisitos que precisan las personas con discapacidad física y orgánica.

En esta línea, Queiruga resaltó que, “pese al esfuerzo de las entidades, la discapacidad orgánica sigue siendo muy invisible”. “Es muy desconocida, y pasa automáticamente desapercibida para las administraciones”, lamentó.

Según Queiruga, en los últimos 30 años se ha avanzado mucho en la inclusión de las personas con discapacidad, pero “si tomamos un catálogo con las reivindicaciones que se planteaban entonces”, se verá que bastantes de ellas siguen vigente.

Puso como ejemplo el tema de la accesibilidad universal a bienes, productos y servicios, que “está muy lejos de cumplirse” a pesar de las distintas normativas que obligan a ello. De hecho, hay unas 100.000 personas en España que viven encerradas en sus casas por falta de accesibilidad de los edificios”. “Esto no es propio de una sociedad avanzada del siglo XXI”, concluyó.