Aedo, que realizó esta afirmación en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad en el Senado, lamentó que este sistema llega incluso a fomentar el régimen de internado, “cuando el entorno natural de los niños, de todos, es vivir con su familia”.

En esta misma línea, Aedo defendió “la libertad de elección” de la lengua de comunicación y de enseñanza de las personas con sordera, “o de sus padres o tutores cuando son menores”.

Así se reconoce en la Ley 27/2007 por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, apuntó, pero a veces se ha creado cierta confusión. “Aunque esto es de Perogrullo, no debemos olvidar que la enseñanza y la comunicación en lengua de signos es una elección, no una obligación”, subrayó Aedo.

Indicó que el 97% de las personas con discapacidad auditiva comunican en lengua oral, lo que no implica que no necesiten recursos y ayudas técnicas para su integración y participación social.

A su juicio, existe cierta invisibilidad sobre las necesidades de las personas con sordera que comunican en lengua oral, y destacó que todas ellas necesitan recursos y apoyos para acceder al empleo, a la educación, a la cultura, al ocio, etc. “Ténganlo en cuenta a la hora de legislar”, solicitó. Así, se debe garantizar la disponibilidad de bucles magnéticos, micrófonos e intérpretes de lengua de signos en el sistema educativos, declaró, así como la libertad de elección de cada estudiante a elegir qué tipo de ayudas necesita.

Además, Aedo exigió un acceso igualitario a las ayudas técnicas, y criticó el límite de 26 años o el requisito de la bilateralidad para la gratuidad de los audífonos.

“¿Se imaginan que a alguien que necesite una prótesis de pierna se la nieguen porque tiene más de 26 años? ¿O que le digan que solo le dan (la prótesis) si es para las dos?”, preguntó. En esta línea, criticó que algunas comunidades autónomas “están implantando prótesis a punto de ser declaradas obsoletas”, que en dos años deberán ser remplazadas.

Por último, Aedo quiso destacar las especiales dificultades que las personas con discapacidad auditiva han encontrado durante la pandemia a causa del uso de mascarillas, la obligación de mantener la distancia social, la instalación de mamparas, la apertura de ventanas…, y lamentó que ninguna de las ruedas de prensa en que se ofrecía información relevante “incluía de origen medidas de accesibilidad auditiva”.

Destacó que el avance tecnológico en ámbitos como la sanidad, la educación y el empleo dio paso a la telemedicina, la educación online, el teletrabajo… fórmulas de información, comunicación y atención al ciudadano “muy útiles y en expansión que nos permitieron seguir adelante durante el confinamiento”. Sin embargo, estas tecnologías “están ocasionando importantes limitaciones y perjuicios para las personas sordas”, advirtió.

Por ello, reclamó a las administraciones facilitar todos los recursos precisos y adoptar los ajustes y medidas necesarios para evitar la vulneración de derechos (a la salud, a la educación, a la información, al empleo…) de este colectivo.