Discapacidad

El 60% de los hogares con personas con discapacidad intelectual sufre vulnerabilidad social y económica

- Según un estudio de Plena inclusión España

Madrid
SERVIMEDIA

Plena inclusión España alertó este martes de que el 60% de los hogares en los que viven personas con discapacidad intelectual o del desarrollo presenta “situaciones de vulnerabilidad social y económica”, según un estudio elaborado junto con la Universidad de Alcalá que reclama “reforzar las políticas públicas de apoyo” a estas familias.

El informe estima que en España existen 407.285 hogares con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, entre ellas personas con autismo, síndrome de Down o parálisis cerebral, y concluye que tres de cada cinco se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica, mientras que un 6,3% sufre “una situación de extrema necesidad”.

La investigación señala que uno de cada tres hogares está en riesgo de pobreza al carecer de ingresos regulares procedentes de un empleo remunerado y que en cuatro de cada cinco familias la principal persona cuidadora es una mujer.

La presidenta de Plena inclusión España, Carmen Laucirica, advirtió de que esta realidad afecta a miles de familias y “sigue siendo invisible” para buena parte de la sociedad. A su juicio, resulta “urgente” que las administraciones impulsen medidas para afrontar una situación de precariedad muy extendida y reiteró la necesidad de “aprobar una Ley de Familias” que establezca un marco estatal común para las políticas de apoyo.

El estudio identifica como principales factores de vulnerabilidad la precariedad económica, las desigualdades de género en los cuidados, el aislamiento social, la insuficiencia de apoyos especializados, el envejecimiento de los progenitores y la existencia de varios miembros con discapacidad en un mismo hogar, circunstancias que, según el informe, “generan una espiral de exclusión difícil de revertir”.

Además del análisis estadístico, la investigación recoge testimonios de familias que relatan las dificultades para compatibilizar el empleo con los cuidados, las barreras para acceder a servicios especializados y la sobrecarga emocional y económica derivada de la atención continuada a sus familiares.

Plena inclusión concluyó que la discapacidad “incrementa el riesgo de exclusión” cuando coincide con otros factores sociales, como un bajo nivel educativo o la residencia en entornos desfavorecidos, y reclamó políticas públicas “más ajustadas a las necesidades reales” de estas familias, una mejora del acceso a recursos y apoyos y un enfoque interseccional que tenga en cuenta el conjunto de factores que agravan su vulnerabilidad.

La organización también subrayó el papel del tercer sector como “red de apoyo para estas familias”, aunque advirtió de que todavía existen numerosos hogares que “permanecen fuera del sistema y sin acceso a los recursos disponibles”.

(SERVIMEDIA)
14 Jul 2026
RIM/gja