Así lo indicó este miércoles el director de AccessibleEU, Jesús Hernández Galán, durante una entrevista concedida a Servimedia, en la que calificó de “muy positiva” la aprobación de la reforma, aunque lamentó que “tenía que haber sido antes”. En su opinión, España da ahora “un gran salto”, porque “es mucho más importante defender un derecho que defender un principio”, ya que reconocer jurídicamente la accesibilidad permitirá exigir su cumplimiento y reforzar la protección de las personas con discapacidad.

Hernández subrayó que la reforma incorpora avances que el movimiento social de la discapacidad llevaba años reclamando y que tendrán un impacto directo en la calidad de vida de miles de personas. Entre ellos destacó el refuerzo de la financiación del sistema de dependencia para reducir las listas de espera, la eliminación de incompatibilidades entre prestaciones y el impulso de recursos como la asistencia personal y la ayuda a domicilio, fundamentales para favorecer la autonomía y evitar situaciones de desprotección.

En este sentido, afirmó que muchas personas mayores y con discapacidad continúan sin poder desarrollar con normalidad actividades básicas de la vida diaria por falta de apoyos suficientes y consideró que la nueva normativa permitirá “avanzar hacia un modelo más centrado en los derechos y en la vida independiente”.

Asimismo, puso en valor las medidas dirigidas a simplificar los procedimientos administrativos y agilizar el acceso a las prestaciones, al recordar que hasta ahora algunas ayudas técnicas imprescindibles podían demorarse durante largos periodos de tiempo. “Las prestaciones llegaban por pies”, lamentó, aludiendo a los retrasos que, en algunos casos, hacían que una persona esperara años para recibir una silla de ruedas u otros productos de apoyo esenciales.

También destacó la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, una reivindicación histórica del sector que permitirá eliminar obstáculos para garantizar la accesibilidad en los edificios residenciales. Según explicó, hasta ahora todavía existían comunidades de propietarios que “podían impedir la instalación de elementos que permitieran a una persona con discapacidad salir de su vivienda de manera autónoma”. “Es otro gran avance”, resumió.

DEL RECONOCIMIENTO LEGAL A LA REALIDAD

Pese a valorar de forma muy positiva el contenido de la reforma, Hernández advirtió de que el verdadero reto comienza ahora. A su juicio, el éxito de la ley dependerá de que todas las medidas aprobadas lleguen a aplicarse de forma efectiva y no queden únicamente recogidas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

“Yo me daría por satisfecho si la aplicación de esta ley se aplicara de forma efectiva”, afirmó, convencido de que solo entonces podrá tener “un impacto muy positivo” en la vida cotidiana de las personas con discapacidad.

Para ello, consideró imprescindible que la reforma “permeé” a las comunidades autónomas, los ayuntamientos y todas las administraciones responsables de gestionar los servicios sociales y las prestaciones. También defendió que la aplicación de la norma vaya acompañada de financiación suficiente y de mecanismos de vigilancia y seguimiento que permitan comprobar que los nuevos derechos se están haciendo realidad.

A su juicio, la creación de sistemas de control será clave para garantizar que las administraciones cumplen con las obligaciones que introduce la nueva legislación y evitar que las diferencias territoriales “condicionen el ejercicio efectivo de los derechos”.

El director de AccessibleEU señaló igualmente que uno de los aspectos más transformadores de la reforma es la apuesta por la desinstitucionalización y por un modelo basado en la autonomía personal y la vida independiente.

En este sentido, defendió que las personas con discapacidad deben poder permanecer en sus hogares, en sus barrios y junto a sus familias siempre que así lo deseen, en lugar de verse obligadas a trasladarse a entornos residenciales por falta de apoyos.

Por último, Hernández aseguró que, una vez aprobada la reforma, su principal reivindicación no pasa por impulsar nuevos cambios legislativos, sino por garantizar el cumplimiento de los ya alcanzados. “Mi ambición sería que hubiera una aplicación real”, concluyó, convencido de que el verdadero valor de la ley dependerá de que los nuevos derechos se traduzcan en mejoras tangibles para las personas con discapacidad y sus familias.